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La Justicia citó a prestar declaración indagatoria a directivos del Exxel Group, responsables de Supermercados Norte cuando estaba bajo la órbita del fondo de inversión, y a responsables de Price Waterhouse, en el marco de la causa que inició Carrefour por presunta estafa. El supermercado francés exige la restitución de 120 millones de dólares, monto del supuesto sobreprecio que habría pagado en aquella operación.
A partir del 14 de diciembre comenzarán a desfilar por el juzgado de Ricardo Warley los responsables del Exxel Juan Navarro, Marcelo Aubone Ibarguren, Carlos Oris de Roa y Jorge Luis De María; como representantes de Norte deberán reportarse Víctor Hugo Pereira, Gustavo Sánchez, María del Carmen Morales y Fabián Viola. Finalmente, hará lo propio Gabriel Martini, el contador de Price que firmó los balances de la firma comprada, convalidando las supuestas faltas.
La convocatoria del juzgado prolonga por seis años la vida de la causa que, de otro modo, corría el riesgo de prescribir en marzo próximo.
Carrefour compró Norte en el año 2001 y la operación se perfeccionó con un pago de 252 millones de dólares que los franceses consideran excesivo habida cuenta de los hallazgos contables que se produjeron al tomar posesión de la compañía: a su juicio, con diversos subterfugios contables y con la anuencia de los auditores de Price, los vendedores habrían inflado ingresos y, por consiguiente, el precio final.
Desde entonces, Carrefour promovió dos causas en el fuero comercial de María Cristina O Reilly: una por daños y perjuicios y otra, contra la auditora, por la insolventación fraudulenta de Hartenek & López, quien tenía originalmente potestad de avalar los balances y luego fue absorbida por Price. Otros dos trámites se abrieron en el fuero penal de Warley, por presunta administración fraudulenta y estafa.
Pero en este mismo ámbito se añadió un expediente más, cuando Julio Romero Padilla inició de oficio una investigación contra los peritos oficiales que intervienen en la causa por posible delito contra la administración pública. Se trata de Fernando Robles y Alonso, quienes están sospechados de connivencia con los peritos privados.
Padilla abrió esta investigación a raíz de un video obtenido por las cámaras de seguridad de una sucursal de Norte ubicada en avenida Roosvelt al 5700, en la que tuvo lugar una reunión entre los peritos oficiales y los designados por las partes en litigio. Ese documento –difundido esta semana por un canal de TV y presentado por Carrefour en octubre como prueba en las aludidas causas– muestra una conversación entre los funcionarios Robles y Alonso y los representantes del Exxel que da pautas de un supuesto acuerdo entre ellos para perjudicar a los franceses.
El video apuntaló la acusación de Carrefour de que la causa se estaba demorando exageradamente, en alguna medida por el mal desempeño de los peritos. “Queremos dejar en claro que ese es un problema puntual, pero que nosotros confiamos plenamente en la Justicia”, aclara Fabrio Fabri, gerente de relaciones institucionales del supermercado, integrada a Promodés.
La presunción de que aquellos funcionarios judiciales tenían un desempeño poco cristalino cobró más cuerpo cuando, a instancias del fiscal Eduardo Cudicio, se chequeó una importante cantidad de comunicaciones telefónicas entre los representantes judiciales y los expertos designados por el grupo de Juan Navarro. Entre fines de 2005 y principios de 2006 se detectaron 148 llamadas entrantes y salientes en el celular de Robles –quien es parte del staff de la Corte Suprema– con el estudio de abogados defensores del Exxel.
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