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Los diputados del oficialismo que impulsan una ley para regular a las prepagas hicieron fuerza para sacarla en la sesión del 15 de noviembre último. Parecía que sí, pero ese día el temario resultó demasiado amplio y la iniciativa quedó postergada una semana. Al miércoles siguiente, la Comisión de Labor Parlamentaria la puso primera en la lista de temas a votar. Sin embargo, sobre la hora bajó al puesto 16 y de allí se fue al limbo de los proyectos que quedan sin respaldo político. Tres semanas más tarde, el Gobierno cerraba una negociación china con las prepagas que, en la práctica, les permitió aumentar las tarifas un 22 por ciento. A medida que fue creciendo el enojo de los usuarios por ese incremento y por los nuevos planes con copago, el Ejecutivo respondió con la promesa de que este año sancionaría la ley regulatoria. Lo cierto es que, a esta altura, el Congreso sigue encontrando resistencias para aprobar la norma.
La Superintendencia de Servicios de Salud tampoco avanzó con una serie de resoluciones que harían menos onerosos los planes con copagos. Había prometido que los pacientes con enfermedades crónicas no pagarían un arancel adicional por cada estudio o visita al médico. También había asegurado que los 100 pesos por día de derecho de internación habría que abonarlos sólo por los primeros cinco días en el sanatorio, pero al final no fue así. Y el organismo nunca mostró un estudio de costos que justificara el valor de los copagos. Hay análisis de laboratorio que cuestan al público 40 pesos cuando según la cámara de prestadores no valdrían más de 10.
Más allá de otras cuestiones, hay una razón muy simple por la cual la Superintendencia de Salud no hizo nada de eso: no tiene facultades legales para imponerles nada a las prepagas. Al carecer de un marco regulatorio, todo lo que puede intentar es negociar con las empresas para que moderen los ajustes. Esa estrategia ya fracasó en dos oportunidades: primero fue en 2004, cuando el Gobierno procuró en vano frenar un aumento de tarifas, y la segunda el último verano. La creación de los copagos, en un marco de tanta desprotección para el público, terminó por generar adhesiones mínimas. Menos del 5 por ciento del padrón de las empresas de salud eligió el nuevo régimen.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue el responsable de la última negociación con las prepagas. A pesar de que la mayoría de los usuarios optó por afrontar las cuotas con 22 por ciento de aumento, el funcionario presionó y logró que el Indec tomara los planes con copagos para calcular la inflación. Eso generó una distorsión entre las tarifas que paga la mayoría y lo que marca el índice de precios. Moreno es proclive a tomar en sus manos la discusión de precios con las empresas. En este caso, sin embargo, el funcionario aceptó avanzar por un canal institucional, como era aprobar un marco regulatorio para las prepagas.
En noviembre del año pasado y en este momento quien más objeciones puso al proyecto es el ministro de Salud, Ginés González García. En particular, se resiste a darle participación a la oficina de Derechos del Consumidor en la nueva comisión fiscalizadora de las prepagas. Prefiere que ese organismo sea administrado sólo por la Superintendencia de Salud. Las empresas, a su vez, hacen lobby para eliminar del proyecto el artículo que las obliga a pedir autorización a la comisión cada vez que pretendan aumentar las tarifas. Tal como está redactada hasta ahora la ley, las compañías tendrían que justificar las subas y Defensa del Consumidor y Comercio Interior deberían convalidarlas o rechazarlas. Es una atribución que daría vuelta la relación de fuerzas actual, en terreno jurídico, entre el Gobierno y las prepagas. González García entiende que esa facultad debe ser ejercida sólo por la Superintendencia de Salud, que está bajo su ala.
Técnicos de la Superintendencia y del bloque oficialista de Diputados estuvieron negociando el contenido de la ley la última semana. Allí, los primeros ratificaron que el Gobierno tiene toda la intención de aprobar la ley en los próximos meses. Pero, en los hechos, siguen apareciendo diferencias en torno de la redacción que retrasa el tratamiento de la iniciativa.
Una de las funciones centrales de la comisión fiscalizadora, de acuerdo al proyecto, será verificar que las prepagas cumplan con la calidad de cobertura que figura en los planes de prestación. En la actualidad, si una empresa aduce que no tiene disponibilidad para atender a un paciente en su mejor clínica, puede derivarlo a otra. A partir de la ley, los planes se categorizarán y si la compañía promete atención en una clínica, tiene que cumplir. Son varios los derechos de los usuarios que hoy están desprotegidos y que la ley, por ahora estancada, intenta amparar.
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