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Desde que fue creada hace ocho años, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aplicó multas en nada más que doce casos violatorios de la ley que castiga la fijación de precios concertados entre empresas, la exclusión de competidores, el reparto acordado de un mercado u otro tipo de prácticas anticompetitivas. Y de esas apenas doce multas, la más importante al cartel del cemento por 300 millones de pesos todavía no fue cobrada. Las autoridades de la Comisión y el Ministerio de Economía reconocen el magro protagonismo y la poca efectividad que ha tenido hasta ahora el organismo, y aseguran que está tomada la decisión política y elaboradas las vías de acción para fortalecerlo y relanzarlo.
La docena de casos sancionados (ver cuadro adjunto) constituye una cantidad irrisoria para una economía que está plagada de conductas anticompetitivas penalizadas por la ley 25.156 que debe aplicar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que desde hace un año preside José Sbattella. Cabe resaltar que esas prácticas abusivas tienen como consecuencia básica precios más caros y rentabilidades más altas en perjuicio de los consumidores.
El diagnóstico que el propio Sbattella elaboró en vistas a cambiar el rumbo explica los pobres resultados pasados. Según consta en un informe que le elevó a Felisa Miceli y al que accedió Página/12, “la posición del organismo como representante del poder de policía del Estado se encuentra debilitada; la Comisión se ha destacado más por su ostracismo que por su acción debido a la escasa importancia política que se le ha dado desde su origen en 1999”.
El documento entra en detalles sobre la reconocida debilidad. Por ejemplo, se señala que “el organismo no cuenta ni con manuales de procedimiento ni con la estandarización de los circuitos administrativos”, y agrega que “no es casual que en un marco de desjerarquización el personal profesional que se desempeña en los análisis de expedientes tiene un sueldo promedio inferior al de cualquier profesional que se desempeña en el ámbito del Estado, lo que provoca que muchos de ellos sean más tarde incorporados a los planteles de las empresas que han estado involucradas en algún expediente de la comisión, y eso genera una alta rotación de personal, un alto costo de adiestramiento y pérdida de idoneidad”. Se hace mención particular a los “vocales de la Comisión, cuya tarea se asimila a la de un juez de primera instancia y tienen un rango de subsecretario, pero ganan sueldos inferiores a los de un director nacional”.
Una alta fuente del Ministerio de Economía admitió que si bien se ha demorado más de lo debido, se ha tomado la decisión política y se han iniciado las tareas para corregir la situación. Por una parte, se le ha otorgado a la CNDC una mejora presupuestaria y mayor autonomía para manejar los fondos, mientras que en el organismo están incorporando tecnología, llenando el vacío de manuales y normas de procedimiento, y encarando la tarea de calificación del personal.
Además de los cambios internos, la idea es modificar la legislación porque, según sostiene Sbattella en su informe y comparten en Economía, tal como está la ley “el organismo resulta un híbrido entre una Comisión y un Tribunal, lo que ha creado una situación que deja expuesta la política en la materia a decisiones del Poder Judicial que en mucho casos se ha arrogado las prerrogativas de la ley como propias”. La idea es dotar a la CNDC con más atribuciones, para que las sanciones que imponga no tengan una vía de apelación en una Justicia que, en estos casos, suele ser rápida y comprensiva.
El caso más claro es el del cartel cementero encabezado por Loma Negra, que fue sancionado por la CNDC hace dos años en base a pruebas contundentes sobre reparto de mercados y licitaciones públicas, acuerdos de precios y varias otras maniobras ilegales, pero todavía no pagaron porque la apelación en la Justicia ha tenido hasta el momento curso favorable. No fue el único caso. Pasó lo mismo con los 70 millones de pesos de multa al cartel químico de Praxair, Air Liquide y AGA.
Además de las multas aplicadas, la actual gestión tomó medidas cautelares que, hasta tanto se finalice la investigación, suspendieron prácticas consideradas anticompetitivas. Una fue contra el Mercado de Liniers, donde se prohibió las denominadas “ventas al oído”, un mecanismo poco transparente que eludía la lógica competitiva del remate. Otra medida cautelar les cayó a asociaciones de médicos anestesistas que obstruían el desarrollo de un plan oficial para promover la formación en esa especialidad. Y hubo una tercera a la firma Clorox Argentina S. A., que ejerciendo su dominio en el negocio de las lavandinas condicionaba el abastecimiento de su producto a que no se comercializara la marca Querubin.
La CNDC también es la responsable de autorizar fusiones o compras de empresas, con el fin de supervisar si la operación no da lugar a oligopolios o monopolios. En el balance de sus casi ocho años se muestra más que permisiva. De acuerdo con el informe de Sbattella, “desde la vigencia de la ley se han rechazado sólo dos fusiones, mientras que las restantes han sido autorizadas sin ningún tipo de condicionamientos en su gran mayoría. Esto contrasta con la concentrada estructura de los mercados vigente desde 1999, donde el grueso de las fusiones y concentraciones resulta un hecho consumado”.
Si verdaderamente hay intención de cambiar, existen en el mundo varios ejemplos para imitar o, al menos, para inspirarse, entre los cuales la experiencia de la Unión Europea merece toda la atención.
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