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La decisión del Banco Santander de liquidar su participación accionaria en la AFJP Orígenes sería apenas el inicio de la metamorfosis del régimen de jubilación privada. La pérdida de escala del negocio previsional a partir del masivo traspaso de afiliados al sistema de reparto derivaría en un proceso de fusiones y de empresas que cambian de manos. En un mercado más chico ya no hay lugar para todos. Para algunos inversores está llegando el tiempo de retirarse. El sector intenta no hacer olas para evitar alimentar el drenaje, pero el ambiente entre las administradoras está enrarecido. Corren versiones de compañías que se irían y otras que encararían un plan de achicamiento para adecuarse a una realidad menos lucrativa. Críticos de las AFJP auguran que en un par de años quedarán seis de las once empresas actuales. Defensores del sistema son más cautos, pero coinciden en que se avecina un período de cambios.
Todo ello es producto del ritmo acelerado de traspasos de las AFJP a reparto. En tres meses desde la apertura de la libre opción, 683.227 personas abandonaron las administradoras para comenzar a aportar –a partir del 1º de enero de 2008– al sistema estatal. Contra todas las previsiones, el 85 por ciento son trabajadores activos y más de la mitad perciben salarios superiores a 2000 pesos, según revelaron en Anses a Página/12.
La composición de los traspasos es la peor imaginable para las empresas: pierden afiliados que aportan regularmente –sobre los cuales se cobran sus comisiones–, arriba del 50 por ciento de ellos gana un sueldo superior al del promedio de la economía y conservan la carga de seguir administrando sus fondos hasta el día del retiro. Aquellos que se van a reparto mantienen su cuenta en la AFJP hasta el momento de jubilarse, sin que la compañía pueda cobrarles nada por esa tarea. El día de mañana, esas personas recibirán un haber mixto, con una parte que surgirá de lo capitalizado en su AFJP y otra por los aportes al Estado.
El sistema privado cuenta en la actualidad con 4.767.418 afiliados que tienen ingresos fijos y aportan todos los meses. De ellos, alrededor de 580.000 ya hicieron el trámite para pasar al régimen público. La cifra equivale al 12 por ciento del total de aportantes. A la velocidad que se está produciendo la migración de capitalización a reparto, no es para nada aventurada la estimación que hacen en Anses de que el 31 de diciembre próximo, cuando termine el plazo para ejercer la opción, más de 1,5 millón de personas habrá pegado el salto. En ese caso, las AFJP quedarían a fin de año con un 25 por ciento menos de clientes activos de los que tenían cuando arrancó todo el proceso.
La relación entre aportantes activos y afiliados ya era baja antes de la reforma: 39 por ciento del total. Cuando finalice, caería otros 7 puntos, al 32 por ciento. Es decir, las empresas obtendrán menores ingresos para hacer frente a un costo administrativo similar al actual (será algo menor por la transferencia a reparto de 1,4 millón de afiliados mayores de 50 y 55 años y de trabajadores de regímenes especiales). El negocio pierde atractivo.
Pero la reforma previsional dio otros dos golpes a la rentabilidad de las AFJP. El primero, menos doloroso para las empresas, fue la reducción obligatoria de las comisiones a un máximo de 1 punto sobre los aportes, contra el 1,2 por ciento en promedio que venían aplicando. El segundo es contundente, ya que puso fin a la principal herramienta de captación de afiliados para las administradoras: los indecisos. Fue la clave de la fuerte expansión del sistema privado desde 1994 en adelante. Las AFJP se lo deben a Carlos Menem y, especialmente, a Domingo Cavallo, quien dispuso en aquel momento que todas las personas que ingresaban al mercado de trabajo y no elegían en el término de un mes a qué régimen querían aportar, si al público o al privado, debían ser anotadas en una AFJP, sin posibilidad de pasar nunca más a reparto. El plazo luego se amplió a 90 días, pero el resultado no cambió en nada. Las AFJP consiguieron por esa vía más del 80 por ciento de sus 11,6 millones de afiliados actuales. El año pasado, fueron 575 mil personas, contra 125 mil que adhirieron a capitalización por propia voluntad.
La reforma invirtió los términos: ahora los indecisos van al Estado, aunque cada cinco años se abre la opción para inscribirse en una administradora privada. El Banco Santander decidió marcharse del negocio previsional en toda América latina, pero en el caso argentino colaboró la acumulación de factores que reducen la rentabilidad de la administración de fondos: menos aportantes, más carga administrativa, comisiones más bajas y perspectiva de estancamiento del mercado. A medida que pasen los años, cuando la relación entre afiliados y beneficiarios se altere –hoy sólo cobran jubilaciones y pensiones por AFJP 328 mil personas, contra 11,6 millones de afiliados–, la rentabilidad del sector también tenderá a disminuir y las carteras valdrán menos. Este elemento forma parte del análisis de las AFJP e influiría en el proceso de fusiones que parece encaminarse.
Las estadísticas de nuevos afiliados a las AFJP de mayo son elocuentes: Futura captó a través de sus promotores apenas 13 personas, contra 13.572 que fueron derivadas a la empresa como indecisos (son del remanente que faltaba distribuir hasta marzo último). Profesión+Auge consiguió 68 afiliados y otros 13.572 le llegaron como indecisos. Prorenta obtuvo sólo 98, Unidos, 357; Previsol, 545. Nación atrajo a 631 trabajadores y 13.560 entraron como indecisos. En Arauca Bit fueron 677 y 13.583, respectivamente. Máxima quedó en 957 y sólo tres empresas superaron la barrera de los 1000: Met (1307), Orígenes (1795) y Consolidar (2706). Los datos son oficiales, de la Superintendencia de AFJP. Sin los indecisos, a varias empresas no les cerrarán los números.
Cuando arrancó el sistema de capitalización había 26 AFJP. Hoy quedan 11. En Chile, precursor de la jubilación privada, operan 6, de las 21 que había en 1994 –época de esplendor del sistema privado en la región– y de las 12 que habían arrancado en 1981. Alexis Guardia, especialista previsional chileno, alerta en un artículo de reciente aparición sobre las consecuencias para el público y la economía de la concentración del sistema: peor servicio por competencia reducida, falta de competencia en comisiones, funcionamiento oligopólico del mercado y aumento del poder de las AFP frente al resto de la economía por su capacidad financiera, entre otras. Es una advertencia sobre lo que podría ocurrir aquí en un futuro. En Chile ya se ve que la clásica promesa de eficiencia privada no se cumple y, como plantea Guardia, lo que existe son ganancias extraordinarias de pocos grupos empresarios que no se traduce en un mejor servicio para sus afiliados.
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