“Promover mecanismos de licuación (de las deudas empresarias), no sólo perjudica al grueso de la sociedad, sino que además termina perjudicando nuestra imagen en el mundo para conseguir financiamiento.” Con llamativa franqueza, el autor de esta condena de la “vocación de socializar deudas privadas” fustigó tan avieso propósito, presuntamente perseguido tanto por el Coloquio de Idea como por la Asociación Empresaria Argentina. Responsable de tan sorprendente pronunciamiento (por venir de un gran empresario) es Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, y en los dos casos el destinatario directo fue Oscar Vicente, de Pérez Companc, como director de Idea y como presidente –hasta fecha reciente– de la AEA. Esta entidad, que ahora comanda Luis Pagani, de Arcor, era vista como un club o lobby de empresarios con deudas externas, por ende no pesificables, que pretendían traspasarle su problema al Estado, como se hizo veinte años atrás, a través de la obtención de un seguro de cambio ex post.
Como resulta tan extraño que un gran empresario argentino se exprese en términos semejantes a los vertidos por Madanes, rechazando la sola idea de servirse del Estado, conviene contrastar esas opiniones con la historia, la situación y los proyectos de Aluminio Argentino S.A. Al respecto, un estudio del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella, elaborado por Ireneo Miguel Moras en marzo de 1989, quince años después de la primera colada del liviano metal, mostró que Aluar –única fabricante local de aluminio primario– había gozado, y seguía gozando, de una abrumadora cantidad y variedad de subsidios estatales, y que a pesar de ello el precio interno del aluminio superaba –en algunos años por márgenes contundentes– el nivel internacional. Más abajo se consignan algunos detalles de esa batería de ventajas, costeadas por la sociedad.
En otro orden, y según datos de la Fundación Capital, provistos a Página/12 por Daniel Chodos, Aluar emitió en 1997 una Obligación Negociable por 150 millones de dólares, de los que restaría pagar 63,8 millones, con vencimiento final en junio de 2004. Sin embargo, el gerente de Administración de la empresa, Gregorio Krauchic, mencionó recientemente una deuda exterior de 210 millones de dólares, tomada en 1999 para ampliar la planta. En cualquier caso, es altamente improbable que Aluar pudiera aspirar a un auxilio estatal por el impacto de la devaluación sobre ese pasivo ya que la firma exporta cerca del 90 por ciento de su producción. Por ende, el grueso de sus ingresos lo embolsa en dólares. Pero, además, son muchos dólares en comparación con su deuda: sus exportaciones están en el orden de los 450 millones anuales.
La tercera cuestión relevante es si existe alguna relación particular entre Madanes y Vicente. Y lo cierto es que la hay. Vicente es hombre de PeCom Energía (en proceso de venta a Petrobras), que entre otros activos posee, en sociedad con la británica National Grid (no confundir grid, parrilla, con greed, codicia), la transportadora eléctrica Transener, principal operadora de líneas de alta tensión de la Argentina, dueña absoluta del negocio en todo el país, salvo la Patagonia, donde manda la italiana Camuzzi, asociada precisamente con Aluar. Conviene tener presente que el principal insumo para fabricar aluminio no es la alúmina sino la electricidad. Tanto que la fábrica de Puerto Madryn consume más kilovatios que todo Rosario o Córdoba.
Aluar está embarcándose en un proyecto para expandir su producción en 150 mil toneladas anuales, que se agregarían a las 270 mil actuales. Pero para ello necesita nuevas fuentes de energía. Futaleufú, la central hidroeléctrica que el Estado construyó en los 70 para abastecer a Aluar y que hoy, tras su privatización, es de la propia Aluar, no puede aumentar su generación. Por tanto, la energía adicional provendrá de una hilera de torres que unirán Madryn con la estación transformadora de Choele Choel, por donde pasa una línea que viene de Piedra del Aguila. Con el nuevo tramo, el sistema eléctrico patagónico, hasta ahora divorciado del resto del país, quedaría unido al sistema interconectado.
Siendo esto así y con la justificación de integrar energéticamente toda la república, el 69 por ciento del dinero para realizar el tendido lo pondrá el Estado, con los recursos del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Provincial, proveniente de un impuesto sobre la tarifa que pagan todos los usuarios. Aunque el gran beneficiario de la obra es Aluar, ésta sólo pondrá el 31 por ciento, y esto luego de arduas negociaciones, ya que su oferta era de sólo el 20,6 por ciento de los fondos. El dinero que volcarán el Fondo y Aluar servirá para pagarle a la constructora que se adjudique el proyecto un canon anual durante 15 años, a cambio del cual deberá construir, operar y mantener (C.O.M.) la línea. Por tanto, la clave reside en conseguir la financiación, cuestión compleja en estos tiempos.
El apetito por esta chuleta enfrenta a Aluar-Camuzzi (Madanes) con Transener (Vicente), porque una de las dos se adjudicará, con alta probabilidad, el contrato C.O.M. por las ventajas naturales con que cuentan, dado que ya manejan el negocio, cada una como monopolio al sur y al norte del Río Colorado, respectivamente. Esta será, por el momento, la única obra de las cinco que Daniel Montamat, como secretario de Energía de Fernando de la Rúa, incluyó en el Plan Federal de Transporte Eléctrico para resolver los peligrosísimos cuellos de botella que, en materia de transporte, amenazan con dejar sin luz en cualquier momento a grandes lonjas de la Argentina. Parece obvio que la manera en que se privatizó y desreguló el sector eléctrico, bajo la conducción del cavallista Carlos Bastos, fue poco feliz: desde 1992 se realizó una única gran obra, la llamada Cuarta Línea entre Comahue y Buenos Aires.
Cuando Débora Giorgi sucedió a Montamat en el cargo, fue eliminada la quinta de las obras previstas, que había logrado colar Carlos Ruckauf como gobernador bonaerense para asegurar el abastecimiento de Mar del Plata y Pinamar. La falta de concreción del proyecto que ligaría el NOA con Cuyo impide la instalación de industrias de procesamiento de minerales, que se erigen allende la cordillera, con el gas argentino exportado a Chile y que los trasandinos convierten en electricidad. La Argentina exporta así un recurso natural no renovable para que se creen industrias allende la frontera. Esa línea no construida, llamada Minera, es vista por los expertos como claramente prioritaria, si de proveer subsidio estatal se trata. Pero la Patagónica, con destino en Puerto Madryn, le ganó de mano.
Para completar las referencias que permiten entender mejor y poner en perspectiva las expresiones de Madanes Quintanilla, dirigidas a Oscar Vicente, puede acudirse al exhaustivo análisis de Moras arriba citado. Según un decreto de Juan Carlos Onganía, y por una ley dictada en tiempos de Alejandro Agustín Lanusse, más otras disposiciones posteriores, Aluar pudo gozar de las siguientes ventajas fiscales: durante los primeros cuatro años, exención total de Ganancias, luego descendente hasta el décimo año; eximición por un decenio del impuesto de Sellos; exenciones en IVA y Capitales; franquicias para la importación de los equipos, y arancel cero para importar materias primas e insumos.
A Agua y Energía Eléctrica (empresa estatal) se le impuso construir la central de Futaleufú y el sistema de transmisión transpatagónico hasta Madryn. El suministro de esa energía quedó a salvo de todo gravamen. Sin contar esta ventaja, el precio de la electricidad fue para Aluar (dato de 1983) un 43 por ciento inferior al promedio pagado por los demás consumidores. Se dispuso que si a diciembre de 1974 Aluar no pudiese disponer de la electricidad de Futaleufú por retraso en la obra, recibiría una indemnización diaria de 60 mil dólares (de hecho, Futaleufú se concluyó cuatro años después). La exportación de aluminio recibió un subsidio aduanero (reembolso) del 10 por ciento, más otro 10 por efectuarse desde un puerto patagónico, más otro 5 por ciento por dirigirse a “nuevos mercados”. A todo esto hay que agregar los beneficios tributarios otorgados a la empresa por la provincia y el municipio. Aluar no fue, obviamente, la única en disfrutar de colosales subsidios. Pero ahora su historial se enriquecerá con el generoso aporte estatal a la obra eléctrica que necesita para expandirse. Es razonable, por ende, que se desmarque de la pretensión de otros empresarios de ser “rescatados” por el Estado, teniendo en cuenta, además, que la deuda le pesa poco y que gana casi enteramente en dólares.
Sería gratificante descubrir el caso de algún gran empresario nacional que entienda el capitalismo de otra manera.
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