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El gobierno nacional podría decidir suspender por 90 días la aplicación del último aumento a las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, dispuesta hace aproximadamente un mes, a pedido de las provincias productoras de petróleo y gas. Así trascendió ayer de fuentes provinciales, tras el encuentro de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), de la que surgió un documento “reservado” formulando “observaciones” a la resolución que dispuso aquel ajuste impositivo. El documento fue puesto inmediatamente en conocimiento del jefe de Gabinete y de los ministros de Planificación y de Economía, de quienes se habría recibido “una actitud bastante condescendiente con el reclamo, dado que admiten que las arcas provinciales resultaron fuertemente perjudicadas, porque la suba de retenciones afectó las regalías” que cobran las provincias por los hidrocarburos extraídos en su territorio, según comentó la misma fuente.
La de ayer fue la primera reunión en largo tiempo de la Ofephi, que había quedado prácticamente desactivada en el período en el que Juan Carlos Romero, ex gobernador salteño, ejerció la presidencia. Además, registró el regreso a sus filas de la provincia de Neuquén, que se había retirado cuando Jorge Sobisch era gobernador y vuelve a la mano de su sucesor, Jorge Sapag. Los nuevos aires que soplan en la Ofephi también quedaron de manifiesto en la presencia de seis gobernadores (de los siete que asistieron) que prácticamente estaban haciendo su debut en el cargo.
Mario Das Neves, mandatario de Chubut y actual titular de la Ofephi, impulsó en la reunión de ayer lo que ya había reclamado el día anterior en forma pública: la participación de los gobiernos provinciales en el capital de YPF Sociedad Anónima. Para ello, propuso que las provincias se muevan en bloque y pidan su entrada como accionista a nombre de la Ofephi. “Hay consenso para avanzar y tomar una decisión, pero habrá que ver la situación financiera de cada uno para ver de qué forma se participa”, señaló Das Neves al término del encuentro. Sapag fue el más entusiasta al recoger la propuesta del chubutense. “Son decisiones que hay que tomar rápido, antes de que las acciones de YPF salgan a la Bolsa; así que vamos a hacerlo en forma muy ejecutiva”, prometió. A su criterio, la voluntad de las provincias existe, pero “la intención (de concretar) depende del financiamiento y de la voluntad de la empresa vendedora, Repsol YPF”. Además de Sapag y Das Neves, participaron de la reunión el anfitrión, Juan Manuel Urtubey (la reunión se hizo en la Casa de Salta en Buenos Aires), el pampeano Oscar Jorge, el mendocino Celso Jaque y la fueguina Fabiana Ríos. Otras provincias enviaron sus representantes, pero no hubo disidencias. En cuanto a la propuesta de cambios a la Resolución 394/07, que había subido las retenciones hasta absorber por completo cualquier valor del crudo exportado que superara los 45 dólares, las provincias argumentaron cuestiones normativas que inhibirían su aplicación, ya que afecta ingresos de las provincias. De todos modos, el documento consensuado en la Ofephi se elaboró en tono de “propuesta” y con “observaciones” a la resolución.
Tras tomar contacto con Alberto Fernández y Julio De Vido, los gobernadores que permanecían anoche en Buenos Aires confiaban en recibir en las próximas horas una respuesta positiva. “Se pidió una suspensión transitoria de su aplicación, al menos por 90 días, para poder estudiar a fondo otra alternativa; la impresión es que hubo una actitud condescendiente de las autoridades nacionales, me parece que estamos más cerca de que se acepte la propuesta”, señaló una fuente de la Ofephi.
El 16 de noviembre pasado, el Ministerio de Economía había dispuesto el incremento de los derechos de exportación a los hidrocarburos, alcanzando al petróleo, al gas y a sus derivados. La alícuota se sustituyó por una ecuación matemática, por la cual por encima de un precio de referencia definido (45 dólares para el barril de petróleo), el excedente es totalmente absorbido por el fisco como impuesto. Dicho mecanismo se aplicó como una forma de evitar que los aumentos internacionales se trasladaran a los precios internos de los combustibles. Pero, en la práctica, no se evitó.
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