La nueva versión del corralito difundida esta semana generó la sensación de que, una vez más, el Gobierno postergaba la adopción de soluciones de fondo. O peor aún, quizás puso en evidencia su carencia de soluciones. En uno u otro caso, el dato fue registrado por los diversos sectores con algún grado de intervención en la toma de decisiones: grupos industriales y comerciales, concesionarios de servicios privatizados, banqueros y dirigentes políticos, en particular los legisladores del partido en el gobierno. Nadie quedó conforme, y por el contrario la nueva formulación de las restricciones financieras pareció dinamizar otros conflictos latentes. Uno tiene por protagonistas a los bancos. Otro, a distintos sectores del propio gobierno. La cuestión en disputa de ambos conflictos es la misma, y no es otra que resolver quién va a pagar los costos de esta crisis. Los tiempos apremian, y la conducción económica deberá definir rápido la estrategia, y con quienes la llevará adelante.
Cuando el Congreso votó, dos fines de semana atrás, la Ley de Emergencia Pública, parecía desplegarse una estrategia del recién llegado gobierno de Eduardo Duhalde para repartir las cargas. Pesificación y congelamiento de tarifas públicas, pesificación de créditos con el sistema financiero de hasta 100 mil dólares y la creación de un impuesto a las exportaciones de hidrocarburos por cinco años, daban una pauta de quiénes deberían poner la espalda para soportar, aunque más no fuera en parte, el peso de una devaluación del 28,6 por ciento que ya por entonces estaba decidida. Aquellas normas, todas incluidas en la ley votada, no eran la definición final del tema, pero al menos se buscaba con ese enunciado poner en manos del Gobierno una poderosa carta de negociación.
La retención a las exportaciones de hidrocarburos fue sometida a una dura presión por parte de las petroleras, que terminaron ofertando un “anticipo” de 1200 a 1400 millones de pesos, a cambio de un impuesto que en cinco años les hubiera significado un desembolso de 3000 a 3500 millones de pesos. Esos fondos debían ser aplicados a compensar a los bancos por la pesificación “uno a uno” de los créditos –y la pérdida que les ocasionaba mantener al mismo tiempo dolarizados los depósitos de los ahorristas–. Una semana atrás, el gobierno estuvo a punto de aceptar la oferta de las petroleras, pero la reacción que provocó entre los legisladores obligó a postergar la firma del acuerdo.
Al no poder aportar los fondos petroleros, el gobierno quedó descolocado en la negociación con los bancos, y empezó a retroceder en su propósito de una pesificación de todos los depósitos inferiores a 100 mil dólares. Las indefiniciones de orden político hicieron entrar en una vorágine de confusión a los técnicos del Banco Central, que circular tras otra no hicieron más que sumar errores y desconcierto en el sistema. En definitiva, no era tarea sencilla interpretar la voluntad del gobierno, que cambiaba con más velocidad que lo que tardaba el Central en redactar las resoluciones.
El conflicto terminó echando a Roque Maccarone: primera crisis del gobierno de Duhalde. El experimentado banquero, ex titular de la entidad financiera del grupo Pérez Companc, fue puesto bajo sospecha de “trabajar” en favor de la banca privada por algún sector político que buscó sacar provecho de su desplazamiento. En rigor, era la propia política dictada desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda la que cedía ante la presión de los banqueros. Y en definitiva, fue un hombre del “staff” del FMI quien lo reemplazó: Mario Blejer.
La disputa con las empresas privatizadas por el tema de tarifas tuvo más expresión mediática que concreta en una mesa de negociaciones. Esta no llegó jamás a constituirse, y de hecho el equipo económico ni siquiera nombró a sus negociadores. Desde el bloque “duro” de legisladores justicialistas (Roggero, Matzkin, Gioja) se empieza a cuestionar el “inmovilismo” de Jorge Remes Lenicov, y su falta de aplicación a la letrade la Ley de Emergencia Pública, de la que sólo parece haber tomado el capítulo que lo habilitó a devaluar y a abrir el mercado cambiario en dos. Tal debilidad creó el espacio para una dura ofensiva de los bancos extranjeros, que reanimó el otro foco de conflicto. No quieren ser ellos, a pesar de las fuertes ganancias acumuladas en una década, los que ahora paguen la cuenta de la salida de la convertibilidad. Su puja tiene color y bandera: la dolarización. Los que hilan más fino identifican en esta pulseada al BankBoston y al Scotiabank a la cabeza, pero señalan que el Citibank y los españoles Santander y Bilbao Vizcaya no participan activamente de la misma jugada. Por otra parte, señalan que el empellón cuenta con el aval de la Administración Bush. “Detrás de las provocaciones de (Carlos) Menem, está la mano de George Bush, no de las empresas privatizadas”, aseguran esas mismas fuentes, pertenecientes al riñón crítico del duhaldismo.
Duhalde está jugado a seguir los ritmos de Remes, cuyo timing irrita al ala política. Pero entre los responsables del Ejecutivo y los referentes del Legislativo hay una coincidencia: los próximos días serán clave para retomar la iniciativa. El plazo, dicen, no se extiende más allá de mediados de la próxima semana. Los “políticos” subrayan que no alcanza con llegar al FMI con un plan “prolijo”, porque hoy el conflicto mayor está en el frente interno. Los “ejecutivos” saben, a esta altura, que no hay soluciones parciales que sirvan, pero tampoco fórmula para conformar a todos. Los próximos pasos, a diferencia de los anteriores, serían más explícitos en la definición de quién pagará los costos de una devaluación que, como otras etapas de la historia económica argentina, se sabe cómo empieza pero saltan las dudas cuando hay que resolver cómo se sigue.
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