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El Gobierno y la empresa Marsans acordaron ayer a última hora prorrogar de hecho la vigencia del acta-acuerdo hasta el 30 de diciembre, según pudo saber PáginaI12. Durante ese lapso seguirán negociando para tratar de llegar a un consenso, lo que hasta ahora parece difícil de lograr. Si el dato se confirma, durante los próximos dos meses y medio el Estado seguirá gestionando la empresa. La máxima responsabilidad formal le correspondió hasta ahora a Julio Alak, que se supone que seguirá en el cargo. Aunque nadie quiso confirmarlo oficialmente, es lo que surgió cuando Planificación firmó con la empresa el acta a fines de julio, creando un comité mixto para conducir en la transición.
La Secretaría de Transporte hizo saber que sacaría un comunicado oficial para despejar dudas sobre la situación, algo que al cierre de esta edición aún no había ocurrido. Para el Gobierno no sólo es difícil la pulseada con Marsans sino definir cómo se para ante la opinión pública por una situación de la que en parte es corresponsable. Aerolíneas y Austral están virtualmente quebradas y el Estado desembolsó enormes sumas de dinero para sostenerlas sin precisar en concepto de qué.
La vigencia o no del acta-acuerdo que tanto cuestionaron los legisladores, y cuya nulidad trató de promover la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, no es menor. Este documento no sólo regula la transición sino que le da participación protagónica al accionista privado en la definición del precio de las acciones. La ley de reestatización, por el contrario, hace tallar a los organismos públicos como el Tribunal de Tasación y la Auditoría, cuya palabra debe ser refrendada por el Congreso.
“La ley sólo autoriza al Estado a comprar, pero no obliga a Marsans a vender. Si quieren expropiar, que expropien. Pero deben tener en cuenta que España es uno de los países miembros del Club de París con el que el Gobierno quiere llegar a un arreglo”, desafiaba ayer Jorge Molina, uno de los directores y vocero local de los españoles. La idea de la expropiación fue también mencionada ayer por el titular del radicalismo, Gerardo Morales, para quien es casi el único camino, habida cuenta de que hasta el momento no hay posibilidad de arreglo. De no haber concordancia entre las valuaciones estatales y privadas, debe convocarse a un tercero, que laudará con una sentencia inapelable.
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