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Desde que estalló la crisis financiera internacional, el G-20 se conformó en el foro de discusión de la economía global, desplazando a otros espacios más exclusivos como el G-8. A pesar de la ampliación de las voces que participan del debate, el pensamiento neoliberal continúa imponiéndose, en sintonía con la aplicación de las recesivas políticas de ajuste que difunden los organismos multilaterales de crédito. La inclusión en la agenda del grupo de la problemática laboral, impulsada en parte por los gobiernos de Brasil y Argentina, significó un avance discursivo relevante, pero la crisis estructural de la Zona Euro reinsertó el discurso hegemónico como eje del G-20.
Washington, Londres y Pittsburgh, fueron los escenarios de las últimas tres cumbres. Hasta ahora, la principal acción conjunta del grupo de países ha sido la revitalización de un esquizofrénico Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ampliación de sus recursos prestables, durante el convite londinense, en abril del año pasado. Del resto de los encuentros no surgieron medidas de políticas concretas. Los “comunicados” apuntaron a legitimar el curso de acción seguido por los países centrales, mostrarse tolerantes a los estímulos fiscales y comprometerse a realizar cambios regulatorios del sistema financiero internacional. El rol y relevancia de las economías periféricas dentro del foro fue creciendo con el paso de las reuniones y producto de la fortaleza relativa que exhibieron.
La primera reunión (Washington, octubre 2008) encontró a Estados Unidos en el medio de la crisis y a George Bush como presidente. La cumbre estuvo dominada por un elevado grado de incertidumbre ante el colapso de los bancos de inversión norteamericanos. En ese momento, el país anfitrión diseñaba su primer plan de rescate y en el G-20 todavía se analizaban expectantes las causas de la crisis. La reforma del sistema financiero se convirtió en el tema excluyente del convite y se reiteró a lo largo de los últimos tres años. Los países avanzados resaltaron la importancia de re-regular al sistema sin registrar avances ante la ausencia de voluntad política y la férrea oposición del sistema financiero.
Antes de llegar a Londres (abril, 2009), los paraísos fiscales quedaron en el ojo de la tormenta, cuando los gobiernos de Estados Unidos y Europa los señalaron como uno de los responsables de la crisis. La presión sobre estas jurisdicciones las forzó a realizar acuerdos de intercambio de información. Así lograron salir de las listas negras, pero continuaron facilitando la fuga ilegal de fondos hacia sus bancos. El “logro” más importante de la cumbre fue el voto de confianza al FMI para monitorear la crisis y la inyección de liquidez que se le realizó. El Fondo siguió pronosticando el inminente final de la crisis, errando sistemáticamente, y condicionó sus préstamos a la aplicación de recesivas medidas de ajuste del gasto. Los primeros en experimentar la probada sabiduría del organismo fueron las economías del Europa del Este.
Con una menor turbulencia financiera, la “urgente necesidad” de reformar la arquitectura financiera perdió énfasis en Pittsburgh (septiembre 2009). La desaceleración en la caída relegó el debate sobre los hedge funds, las calificadoras de riesgo y la estructura de gobierno de los organismos multilaterales. El cambio climático ganó protagonismo, pero también lo hizo la problemática laboral, antes excluida de la discusión.
El estallido de la crisis en Europa y los recesivos paquetes de ajuste aplicados por los gobiernos de la Unión Europea con el sello del FMI reavivaron el debate en el encuentro del G-20 en Toronto. Aunque países periféricos como Argentina expresarán su rechazo a esas medidas, la validación de ese proceso se evidenció durante la reunión previa que mantuvieron los ministros de Economía. En ese sentido, el investigador australiano Bill Mitchel sostiene en su sitio web que “los terroristas del déficit se han apoderado del G-20, dejando atrás la preocupación por los empleos de calidad. Ahora apoyan medidas de ajuste. Este es otro increíble retroceso en el debate público donde los medios presentan al Estado como el problema. La mejor forma para enfrentar la crisis es la creación de un programa a través del cual el Estado se asuma como empleador de última instancia”.
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