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“Este proyecto nos lleva al default previsional y después al default del país”, advirtió el ministro de Economía, Amado Boudou, luego de exponer por más de una hora ante la Comisión de Presupuesto del Senado. El funcionario desplegó un arsenal de datos y números fiscales para demostrar que la propuesta de la oposición de subir la jubilación mínima al 82 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil es inviable en este momento. La medida, dijo, tendría un costo fiscal equivalente al 1,81 por ciento del PIB, casi la misma incidencia del déficit previsional que llevó al gobierno de Raúl Alfonsín a declarar la emergencia jubilatoria en 1986 y congelar los haberes. La comparación apuntó a demostrar que la iniciativa en debate provocaría un descalabro similar en las cuentas públicas. “Le quieren vender a la sociedad una ilusión como las que tantas veces hemos vivido y sufrido en la Argentina antes de 2003”, reprochó el funcionario.
Uno de los ejes del debate entre el ministro de Economía y el titular de la Anses, Diego Bossio, con los senadores de la oposición fue la cuestión del financiamiento del proyecto. Los representantes del Gobierno recalcaron que el Estado no cuenta con recursos suficientes como para afrontar el aumento de gastos que conlleva la suba de jubilaciones. Como se indicó más arriba, el incremento de la mínima al 82 por ciento móvil –desde los 895 pesos actuales a 1230– elevaría las erogaciones del sector público en 1,81 por ciento del PIB, contra un superávit fiscal primario proyectado para todo 2010 en 1,4 por ciento del PIB. Es decir, el Estado dejaría de tener superávit y volvería a caer en déficit. A mediano plazo, esa situación provocaría un aumento estructural del endeudamiento, como ocurrió en la década del ’90 con el resultado conocido del colapso económico y social cuando explotó la burbuja.
En términos absolutos, la mejora de la jubilación mínima como sugiere la oposición tendría un costo de 20.406 millones de pesos al año. Si a eso se suma la recomposición de haberes desde 2002 a 2007 de acuerdo con los fallos Badaro y Sánchez de la Corte Suprema, tal como sostiene el proyecto que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados, el costo treparía a 30.085 millones de pesos, un gasto adicional equivalente al 2,43 por ciento del PIB.
Boudou reprochó que al mismo tiempo que se postula un incremento tan sustancial de las erogaciones existen casi 50 proyectos de ley de la oposición que le quitan fuentes de financiamiento al sector público. “Hay trece proyectos para eliminar el impuesto al cheque, siete proyectos para reducir el nivel de los derechos de exportación (retenciones), siete proyectos para bajar impuestos a las pymes y a los Bienes Personales, diez proyectos para aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y seis proyectos que restan recursos a la seguridad social”, enumeró el ministro. Si se aprobaran esas iniciativas, el Estado pasaría a tener un déficit fiscal de 80.000 millones de pesos, según calculó el jefe de Economía.
Más allá de esa referencia, Boudou y Bossio insistieron en reclamar a la oposición que especificara cómo financiaría la suba al 82 por ciento móvil, dado que en las iniciativas con dictamen no hay ninguna explicación sobre ese tema crucial. “Nos llama la atención que en un proyecto tan delicado no exista ningún estudio serio ni ninguna propuesta sobre cómo sostener las cuentas del Estado”, indicó Bossio.
Giustiniani, los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz y María Eugenia Estenssoro (CC) dieron respuestas similares sobre este punto, y en todos los casos afirmaron que el Gobierno tiene los recursos para elevar las jubilaciones. Giustiniani planteó cuatro fuentes de financiamiento: el superávit acumulado de la Anses desde 2004 a 2009, la rentabilidad que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones, que estimó en 12.540 millones de pesos este año, el aumento de la recaudación de IVA que provocaría el mayor gasto de los propios jubilados favorecidos por el aumento, que proyectó en 14.166 millones de pesos, y la transferencia al Tesoro de la responsabilidad de pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH), para lo cual sugirió crear un impuesto a la renta financiera.
Los funcionarios le salieron al cruce: el superávit de la Anses de 2004 al 2009 ya fue incorporado al FGS y no se puede contar dos veces, la rentabilidad en activos líquidos de ese fondo llegaría como máximo a 6500 millones de pesos este año y no a 12.540 millones y la recaudación adicional de IVA podría ser en el mejor de los casos de 4300 millones de pesos y no de 14.166 millones. Sobre la AUH, Bossio aclaró que son asignaciones familiares para desocupados que debe pagar la Anses para equiparar sus derechos con los trabajadores en blanco. Una parte de la rentabilidad del FGS ya fue comprometida para ese gasto.
Morales y Estenssoro también mencionaron usar el superávit de la Anses, la rentabilidad del FGS y transferir la responsabilidad del pago de la AUH al Tesoro. Sobre el superávit de la Anses, Bossio aclaró que lo único que se podría usar es el de este año, ya que el resto se encuentra en el FGS, y que sólo alcanzaría para pagar el 17 por ciento de lo que demanda un mes de liquidación de jubilaciones. Sanz, finalmente, planteó hacer una reasignación presupuestaria y echar mano al superávit fiscal de este año, que sería mayor al previsto en el Presupuesto. Boudou le pidió entonces que dijera qué gastos recortaría –“salud, educación, obras públicas”– para subir las jubilaciones.
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