Como parte de los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI, el Gobierno promulgaría, en los próximos días, un decreto de necesidad y urgencia que habilitará la aplicación de un ajuste en las tarifas de los servicios públicos. La norma modificaría el artículo 7 de la Ley de Emergencia Económica dictada en enero de 2002, que había congelado las tarifas hasta que se efectuara una revisión de los contratos de concesión. El inminente decreto, ya redactado, establece que los ajustes que se definan ahora se considerarán a cuenta de la futura renegociación. Las tarifas de electricidad, gas, teléfonos y agua permanecen pesificadas y congeladas desde inicios de 2002, aunque el último de los servicios mencionados (concesionado a Aguas Argentinas) ya está en proceso de renegociación. Las empresas contratistas son, en su mayoría, europeas e hicieron oír sus quejas a través de los respectivos gobiernos. El FMI se hizo eco de esos reclamos desde el inicio de estas negociaciones, pero hasta ahora los intentos oficiales por habilitar los aumentos chocaron, una y otra vez, con objeciones en la Justicia, porque entraban en contradicción con la mencionada Ley de Emergencia. Ahora, el nuevo decreto pretende haber encontrado el atajo correcto para satisfacer a los prestadores y al FMI.
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