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La empresa estatal Belgrano Cargas y Logística, operadora del estratégico tren carguero que conecta el norte del país con los puertos de Santa Fe y Buenos Aires, sumó dos nuevos ramales a su red. Se trata de los ferrocarriles concesionados a la empresa brasileña América Latina Logística (ALL), que ayer fue desplazada por el Gobierno por “graves incumplimientos e irregularidades”. A través de un comunicado, ALL desconoció los fundamentos de la decisión del Ministerio de Interior y Transporte y anunció que iniciará acciones legales.
Uno de los trenes cargueros que serán operados por el Estado une Buenos Aires y Santa Fe con Cuyo, y el otro, de menor envergadura, integra la Mesopotamia con Buenos Aires y Capital Federal. La firma brasileña, que hace más de un año pretendía abandonar el país y transferir su concesión a otra firma, acumula una deuda en materia de canon que supera los 250 millones de pesos y multas de la CNRT por más de 60 millones. Las inspecciones recientes realizadas por el organismo sobre la traza revelaron el abandono de ramales, la falta de mantenimiento en el material rodante y el traslado de activos sin autorización.
Durante los anuncios, Florencio Randazzo remarcó la relevancia de la recuperación a manos del Estado del sistema carguero para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad. El sistema carguero transporta, según datos de la CNRT, veinte millones de toneladas al año. La concesión finalizada ayer, que conecta Cuyo con los puertos de Buenos Aires y Santa Fe, trasladó el año pasado 2,5 millones de toneladas, principalmente aceros y cereales. El ramal mesopotámico está prácticamente abandonado y en 2012 transportó escasas 335 mil toneladas. El sistema ferroviario de cargas cuenta con cuatro concesionarios privados y la flamante firma estatal, que opera tres ramales donde se requieren elevados niveles de inversión para su recuperación.
Al igual que con el Tren de la Costa, el Estado realizará un inventario de los bienes para determinar la magnitud de las acciones legales que deberán iniciarse. La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo a cargo del radical Leandro Despouy, fue invitada a intervenir en la determinación de los daños causados al Estado. La AGN recordó ayer que, según los informes elaborados por la CNRT y la Secretaría de Transporte, existen causales para rescindir el contrato con ALL hace más de cuatro años por las graves deficiencias e irregularidades detectadas. La empresa brasileña contestó en un comunicado que iniciará acciones legales frente a la decisión del gobierno nacional.
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