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El gobierno argentino consideró el fallo declarando el desacato “del juez municipal” –así lo escribió en un comunicado– de Nueva York Thomas Griesa como violatorio del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Además, remarca que, de acuerdo con lo que establecen todos esos instrumentos, el gobierno de Estados Unidos es “el único responsable” por las acciones de sus órganos, como es el caso del Poder Judicial. Por esta cuestión, Argentina reclama llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero el gobierno de Barack Obama nunca dio una respuesta oficial a la exigencia. En la Casa Rosada esperaban anoche que la presidenta Cristina Kirchner –que anoche repitió los términos de su comunicado a través de Twitter– se refiera al tema en el acto que encabezará hoy para anunciar el refinanciamiento de las deudas provinciales.
Poco antes de que se conociera el fallo, el canciller Héctor Timerman dio una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde dio a conocer dos escritos preparados por el gobierno argentino en prevención a la medida que podría tomar Griesa en la audiencia de ayer. Uno, más extenso y firmado por el estudio de abogados que representa a la Argentina ante la Justicia de Nueva York, estaba dirigido al Tribunal y a los demandantes detallando los motivos por los que se rechaza la solicitud de desacato reclamada por los buitres. El otro estaba firmado por la embajadora en Washington, Cecilia Nahón, y dirigido al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, haciendo un racconto de la causa y explicando por qué consideraban que los pasos dados por Griesa resultan violatorios de la soberanía de los Estados. También le adjuntaron el escrito presentado en la Justicia.
Con todo, un par de horas después se conocía la resolución de Griesa. “La decisión del juez Griesa no tiene ningún efecto práctico, salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”, respondió el Gobierno a través de un duro comunicado distribuido por la Cancillería. “Griesa ostenta el triste record de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la reestructuración de la deuda externa de la Argentina”, agregó.
El comunicado concluyó: “El gobierno argentino reafirma su decisión de seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional y de solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países”.
En la Cancillería aseguraban que el fallo de Griesa no tiene ninguna implicancia porque no tiene forma de aplicarlo. Argentina no va a pagar y el juez no tiene ningún bien para embargar. “Saca un fallo para que todo el mundo hable del fallo”, rumiaban. El problema, explicaban, es que luego de los resonantes avances que la Argentina había conseguido en las Naciones Unidas –uno en la Asamblea General y otro en el Consejo de Derechos Humanos–, en vez de estar hablando acerca de cómo trabajar en la reglamentación de las reestructuraciones de las deudas soberanas o de investigar el accionar perjudicial para las sociedades de los fondos buitre, nuevamente las andanzas del juez Griesa volvían a convertirse en el centro de atención.
Y otro de los motivos de enojo es la actitud que mantuvo hasta el momento el gobierno norteamericano. “Los Estados tienen que hacerse cargo”, explicaban en Cancillería. Los argumentos fueron esgrimidos ante Kerry en la carta firmada por la embajadora Nahón, incluyendo algunos párrafos que los propios abogados del gobierno norteamericano suscribieron cuando Estados Unidos se presentó como amicus curiae de la Argentina en este caso. “Se recuerda que la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América en ningún modo puede eximirse por el actuar de su Poder Judicial, dado que, según los principios del derecho internacional, un Estado debe responder por los actos u omisiones cometidos por cualquiera de sus órganos”, se sostiene allí.
En el mensaje se repasan los apoyos obtenidos por la posición argentina a nivel internacional. “La afrenta que representa que un tribunal extranjero pretenda hacer comparecer a un Estado soberano ante sus estrados para dar explicaciones sobre actos y decisiones legales y legítimos adoptados por sus poderes constitucionales en ejercicio de su soberanía, motiva la presentación de esta comunicación, toda vez que el presente caso acarrea consecuencias para las relaciones exteriores, tal como lo ha indicado el propio gobierno de los Estados Unidos en sus presentaciones”, continúa la carta.
“En conclusión, cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que pueda frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América”, cerraba el escrito dirigido a Kerry. En la Cancillería se había caído en una situación de impasse. “El juez no puede cobrar y nosotros no podemos hacer que Estados Unidos se presente en La Haya”, analizaban.
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