Los argumentos utilizados ayer por Roberto Lavagna para justificar la baja en las indemnizaciones especiales por despido y un nuevo proyecto de ley sobre accidentes de trabajo llevaron a muchos a rememorar las razones que esgrimía Domingo Cavallo en los noventa. La necesidad de “transparentar y reducir costos”, la alusión a “la industria del juicio” por accidentes de trabajo y la vinculación de los costos laborales con la inflación recordaron la letra en la que se asentó el discurso de Cavallo para asestarle a la clase trabajadora el más duro golpe sobre las leyes de protección y seguridad. La ley de accidentes de trabajo originada en aquellos tiempos (1995) fue declarada inconstitucional en septiembre de 2004 por la Corte Suprema, que cuestionó que impidiera el acceso a la Justicia por parte de los trabajadores accidentados para reclamar una indemnización mayor a la tabulada por aquella norma. Desde entonces, el gobierno nacional se comprometió a dictar una nueva ley, para lo cual trabajaron intensamente en conjunto técnicos del Ministerio de Trabajo y el Palacio de Hacienda en los últimos meses del año pasado.
Desde enero de 2005 en adelante, el borrador de la ley está listo en la cartera laboral, pero la falta de acuerdo con Economía y las presiones empresarias le impidieron avanzar.
El principal cuestionamiento de las cámaras patronales era que el proyecto mantenía las indemnizaciones “in itinere” –cuando el empleado se accidenta en la calle– y no cerraba del todo la vía al reclamo judicial. Lavagna no dio información de cómo será el proyecto, pero la Unión Industrial se pronunció rápidamente a favor del cambio.
La doble indemnización por despidos sin causa fue establecida como parte de las medidas de emergencia económica dictadas a inicios de 2002. Una medida que se comprometió eliminar cuando la desocupación bajara del 10 por ciento. Ahora, el Gobierno echa mano a las facultades delegadas para practicar una reducción parcial de las indemnizaciones especiales.
“Es un viejo criterio el que sostiene que los costos laborales están contra el empleo y la competitividad, pero ahora Lavagna le agrega que están contra la estabilidad de precios”, manifestó Horacio Meguira, titular del Departamento Laboral de la CTA. “Volver a esgrimir el fantasma de la industria del juicio para justificar el control de las indemnizaciones por accidentes de trabajo es vergonzoso, además de que es un proyecto que la Corte le pidió hace más de un año y nunca fue elevado”, agregó. El abogado laboralista apuntó que “la aceleración de los reclamos y juicios tienen que ver con que ha crecido fuertemente la accidentología laboral, a un ritmo de más del doble que el crecimiento del Producto; y el Gobierno, en vez de atacar por el lado de la prevención y los problemas de la salud laboral, opta por encararlo desde el punto de vista de los costos”.
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