- “Las diferencias entre el Ministerio de Economía y el BCRA, en ocasiones, han derivado en conflicto abierto, paralizando la implementación de políticas”.
- “Las campañas de prensa contra la credibilidad de las políticas del BCRA y sus funcionarios, y los frecuentes cambios a la carta orgánica por decretos del Ejecutivo, evidencian significativas presiones políticas en contra de la independencia del Banco Central”.
- “Debería penalizarse cualquier intento de funcionarios políticos por influenciar las decisiones del Banco Central a través de intimidación, amenazas o incentivos”, sostiene el memorandum.
- “Un tribunal independiente o la Corte Suprema debería siempre revisar la decisión del Congreso de despedir al presidente del Banco Central”.
- “Debe establecerse un procedimiento claro y abierto para resolver disputas entre el Banco Central y el Gobierno (sic.)”.
- “Con la nueva autonomía el Gobierno no tendría derecho para intervenir sobre el Banco Central”. Pero “el gobierno podría trabajar en bambalinas (behind the scenes), incluyendo la amenaza de modificar la ley para limitar su independencia”. En ese caso, “debería quedar absolutamente claro al Ejecutivo, al Legislativo, y al público en general que la responsabilidad por los resultados es del Gobierno, no del Banco Central, si éste último es desoído, sus consejos ignorados y su efectividad significativamente limitada por las políticas del gobierno”.
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