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La Corte Suprema chilena rechazó ayer un proyecto de la derecha para limitar las condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura pinochetista. El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Enrique Estay presentó el proyecto de ley en diciembre pasado, como “un gesto de justicia necesario hacia los militares, que no han recibido nada en tal sentido”. La idea era apurar los procesos contra los represores y no acumular condenas. A pesar de reconocer algunos fundamentos del proyecto, la Corte decidió por unanimidad que la propuesta no era compatible con el sistema jurídico y envió un informe a la Cámara para que el texto no prosperara.
Actualmente existen más de cien juicios abiertos por crímenes de lesa humanidad en Chile. Más de 190 militares y civiles ya fueron condenados y muchos más podrían sumarse pronto. La mayoría vuelven a ser juzgados por otros casos cuando ya están cumpliendo una pena, como es el caso del ex general y mano derecha de Augusto Pinochet, Manuel Contreras. El jefe de la DINA –la policía secreta del régimen– no pudo salir en libertad en 2001 después de cumplir su condena porque tenía abierta cerca de media docena de causas por asesinatos, desapariciones y tortura.
La situación de Contreras y otros ex jerarcas pinochetistas tiene muy preocupados al mundo castrense y a sus aliados políticos, muchos de ellos miembros de la UDI. Por eso, el diputado Estay propuso, en nombre de la “reconciliación nacional”, apurar los procesos judiciales y terminar de una vez y por todas con el desfile constante de militares –retirados y en actividad– por los tribunales chilenos. Además, el proyecto llega en un momento en que la Justicia empieza a procesar a los responsables y cómplices civiles de la represión de la dictadura.
Su proyecto proponía un plazo de 60 días a los jueces para dictar sentencia, establecía una condena máxima de 10 años para los crímenes de la dictadura, sin acumulación de penas posible, y suspendía el recurso de apelación. Decenas de casos de violaciones de los derechos humanos durante el pinochetismo han llegado a la instancia de la Corte Suprema en los últimos años. “Las excepciones propuestas constituyen una clara alteración y violación de las reglas procesales que rigen el sistema”, explicó en su informe la Corte.
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