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Ernesto Samper es un viejo animal político, pero no lo parece. Habla como un profesor o un diplomático, tranquilo y siempre con el mismo tono de voz. Sólo su ceño fruncido permite aventurar que ese hombre de traje y corbata sabe cuando habla de la guerra en Colombia y lo difícil –pero no imposible– que es negociar con las FARC. El ex presidente (1994-1998) consiguió la liberación de 70 soldados secuestrados, pero no la paz. Diez años después intenta acercarse sin mucho éxito al presidente Alvaro Uribe para que ceda a los pedidos de las FARC y despeje dos municipios del sur del país. Pero no pierde las viejas mañas y se cuida de no cerrar ninguna puerta. El ex mandatario habló con Página/12 y elogió la política de seguridad democrática de Uribe, criticó a “los que quieren tumbar a Hugo Chávez” y se negó a calificar a las FARC de terroristas. “Esperamos que haya una propuesta de paz concreta de parte del gobierno, no sólo palabras de buena voluntad”, aseguró durante su paso por Buenos Aires para participar del Seminario Birregional: Las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe, hacia la Cumbre de Lima, organizado por la Universidad Nacional Tres de Febrero.
–La confirmación de que un ecuatoriano murió en el ataque del campamento de Raúl Reyes volvió a endurecer las posiciones de los gobiernos ecuatoriano y colombiano. ¿Vuelve a empezar el enfrentamiento?
–El desencuentro surge de una declaración del presidente Correa, en la que señala que si hay una persona ecuatoriana involucrada en la intervención, esto complicaría las relaciones bilaterales. Me parece que la nacionalidad de las víctimas de la operación es irrelevante; todas las víctimas deben tener la misma consideración. Pero el tema ya se trató de forma internacional y ya se buscaron las formas diplomáticas de darle un resarcimiento a Ecuador. Ahora Colombia pretende que se reconozca su derecho de que ningún país les dé cobijo a fuerzas subversivas.
–Sí, pero no es la primera vez que Colombia dice algo y después se descubre que no era así... ¿son sólo errores de inteligencia?
–No creo que la actitud del gobierno colombiano hubiese sido distinta, si hubiese sabido que estaban involucradas personas de otra nacionalidad. Había una decisión clara de que Raúl Reyes no siguiera actuando en territorio ecuatoriano y, a pesar de los costos que sabían que iban a pagar, intervinieron. Pero lo que para mí es importante es que todo esto es parte de una tragedia mayor, que es la forma en la que lamentablemente manejó el gobierno de Uribe el intercambio humanitario. Si el presidente hubiese aceptado que se hiciera el despeje que pedían las FARC para poder negociar en condiciones de seguridad y si hubieran regresado a sus casas los 62 secuestrados (canjeables), seguramente todo esto no hubiese pasado.
–¿Se puede superar el cruce de acusaciones, las denuncias y los enojos de los últimos meses y reanudar las negociaciones con la guerrilla?
–Estos temas no se resuelven de la noche a la mañana y particularmente éste dejó cicatrices personales en los protagonistas, que van a llevar su tiempo. Tenemos que reconocer que entró en crisis la política de seguridad del hemisferio, creado durante la Guerra Fría. Ahora tenemos problemas que trascienden las fronteras nacionales.
–En 1997 usted desmilitarizó parte del territorio y negoció con las FARC. Hoy el gobierno se niega a repetir la experiencia y tilda a la guerrilla de terrorista. ¿Para usted las FARC son una fuerza beligerante dentro de un conflicto interno?
–Ninguna persona sensata puede pensar que en Colombia no hay un conflicto armado. Creo que si hay o no un conflicto interno es una discusión académica que no le aporta nada a la situación objetiva. Lo que sí hay que distinguir es entre el reconocimiento del estado de beligerancia –una figura internacional un poco obsoleta que demanda control de un territorio y el rechazo a crímenes como el secuestro– de lo que es el status político. Con este último el gobierno de Uribe ya podría sentarse a negociar con las FARC una salida política al conflicto.
–Los dos gobiernos anteriores al de Uribe –el suyo y el de Andrés Pastrana– se sentaron a negociar con la guerrilla. ¿El obstáculo es el actual presidente?
–El presidente Uribe ha sido bastante errático. Algunas veces anuncia la intensificación del combate armado y otras abre puertas hacia la paz. Nosotros lo que esperamos es que haya una propuesta de paz concreta de parte del gobierno, no sólo palabras de buena voluntad. En Colombia, debido a los avances de la política de seguridad democrática de Uribe, estamos ante una disyuntiva. Hay algunos que pensamos que llegó el momento de negociar la salida del conflicto y otros que piensan que la situación amerita una profundización de la guerra y una política de tierra arrasada. La historia nos enseña que ninguna guerra se ganó así.
–¿Cómo fue negociar con las FARC?
–Tuvimos dos negociaciones. En el principio, del gobierno se intentó un diálogo de paz y ya a finales del mandato conseguimos un acuerdo humanitario. El primero se truncó cuando empezaron los problemas con Estados Unidos. Lamentablemente, las FARC prefirieron profundizar el conflicto entre Colombia y Estados Unidos que hacer la paz. Las segundas negociaciones, las humanitarias, avanzaron sin problemas porque, por lo menos, existía algo de confianza entre las partes. Eso es lo que ahora no hay. Ninguno quiere ceder.
–¿Las seis liberaciones unilaterales de las FARC no fueron una concesión?
–En el fondo, el gobierno de Uribe utilizó la mediación para evadir sentarse a negociar con las FARC. El gobierno nunca entendió que una cosa son los acuerdos de paz y otra los humanitarios. Los acuerdos humanitarios se hicieron para humanizar la guerra y reducir el sufrimiento de las víctimas cuando ninguna de las dos partes puede terminar la guerra.
–¿Quiere decir que ni Uribe ni las FARC quieren el intercambio?
–Los dos saben que después del acuerdo humanitario, la sociedad colombiana va a pedir que se inicie una negociación de paz. Las encuestas muestran que el 70 por ciento que apoya a Uribe y a su política de seguridad democrática también piensa que el intercambio es necesario y que la salida política es la mejor opción.
–Usted habló de cicatrices, ¿se puede volver a una salida política sin la mediación de un tercero como Chávez?
–Algunos proponen en Colombia jugarse a la desestabilización de Venezuela o de Ecuador, que desaparezca Chávez y entonces desaparecerá el conflicto. Eso es una política suicida, tan suicida como jugarse a que las FARC tumben el gobierno del presidente Uribe y así mejorar las relaciones.
Más de diez años pasaron y el ex presidente Ernesto Samper todavía no puede sacudirse los millones de dólares que el Cartel de Cali le inyectó a su campaña presidencial en 1994. La investigación del Congreso, conocida como el Proceso de los 8000, nunca lo llegó a condenar, aunque varios de sus asesores cayeron. La única testigo que podía involucrar directamente a Samper con los hermanos Rodríguez Orejuela, los entonces líderes del Cartel, hoy presos en Estados Unidos, fue asesinada. Pero la comisión acusadora del Congreso consiguió un video en el que Pablo Escobar, el fallecido jefe del Cartel de Medellín, reconocía que también había ayudado al entonces presidente durante la campaña de 1982. A pesar del dictamen de la comisión, el pleno del Congreso lo absolvió. La única condena que recibió fue la de Washington, quien le negó la visa y quitó a Colombia de la lista de países amigos en la lucha contra el narcotráfico. Después de dejar la presidencia nunca pudo volver a ocupar un cargo público. La última vez que lo intentó fue cuando Alvaro Uribe le ofreció la embajada en París. Washington y el propio uribismo se opusieron a la designación.
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