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Como ocurrió con Lula en Brasil, el ascenso al poder de la izquierda uruguaya estuvo precedido por una crisis económica gravísima, que comenzó en 1998 y se extendió durante cuatro largos años, hasta que finalmente estalló en el 2002: en ese año fatal, el impacto combinado del colapso argentino y la inestabilidad brasileña provocó un efecto catastrófico en la frágil economía uruguaya, cuyo resultado más visible fue una caída del PBI del 11 por ciento y una corrida bancaria sin precedentes, que hizo que en poco tiempo se retiraran la mitad de los depósitos. El gobierno, aturdido, reprogramó los pagos de la banca pública –una especie de default amistoso– y trató de controlar una devaluación imparable, hasta que un oportuno salvataje estadounidense en la forma de un crédito de 1500 millones de dólares le permitió superar el golpe.
Por poco, Uruguay logró evitar un colapso total al estilo argentino, pero el panorama que emergió después de la tormenta era negro: la deuda externa superaba el total del PBI, el desempleo arañaba el 20 por ciento y la cohesionada sociedad uruguaya lucía fracturada, con los barrios precarios alterando, por primera vez en la historia, la fisonomía elegante de Montevideo. “Terminó de descorrerse el velo que ocultaba al país distinto que la mayoría de los uruguayos se resistía a ver”, escribió el politólogo Gerardo Caetano (Nueva Sociedad 184, marzo-abril 2003).
Después de tocar fondo, la economía uruguaya comenzó lentamente a revivir. Pero era una recuperación frágil y precaria, que convenció a Tabaré Vázquez de que era necesario moverse con cautela de cara a las elecciones presidenciales del 2004: el candidato se reunió con empresarios y banqueros, esquivó algunas cuestiones delicadas (nunca aclaró del todo, por ejemplo, si pensaba renegociar la deuda externa) y ofreció la mejor prueba de confiabilidad al alcance de su mano: el anuncio de que el prestigioso economista Danilo Astori, referente del ala moderada del Frente Amplio, se convertiría, en caso de que llegara al poder, en su ministro de Economía.
Férreamente manejada por Astori, la política económica del gobierno del Frente Amplio incluyó la firma inmediata de un acuerdo con el FMI, un gasto público controlado y una tibia reforma impositiva, mucho menos radical que la insinuada en la campaña. Las tensiones que generó esta estrategia no tardaron en notarse en un gabinete que incluía a los referentes de las principales facciones de la coalición. De hecho, Vázquez tuvo que desautorizar a su ministro de Economía en dos oportunidades: cuando se resistió a que el Congreso cumpliera la promesa de campaña de elevar el presupuesto educativo al 4,5 por ciento del PBI, y cuando se opuso a la creación del impuesto a las rentas de las personas físicas, un reclamo histórico de la izquierda uruguaya.
Pero las líneas maestras del plan económico no se alteraron en lo esencial y el peso interno de Astori fue creciendo en simultáneo con el despegue de la economía, favorecida por el incremento de los precios de los principales productos de exportación (carne, lácteos, cereales), por el regreso de los turistas argentinos y brasileños a las soleadas playas de Punta del Este y por la puesta en marcha de proyectos largamente esperados, como la papelera Botnia. En este marco, Uruguay creció 6,6 por ciento en el 2005, 7 en el 2006, 7,5 en el 2007 y se estima un 7 para el 2008. A la abrumadora evidencia estadística podría agregársele un argumento cualtitativo: la recuperación, aunque liderada por los sectores tradicionales, como el turismo y el campo, incluye también una expansión de la industria manufacturara.
Todo esto es verdad, pero no es menos cierto que la primarización de la estructura económica, mal endémico uruguayo, no sólo se mantuvo, sino que se profundizó en los últimos años: según los últimos datos de la Cepal, más de dos tercios de las exportaciones se concentran en los sectores tradicionales, básicamente en el agropecuario, en tanto que la proclamada recuperación industrial se apoya sobre todo en las ramas vinculadas con la base primaria, como frigoríficos, arroz, curtiembres, madera y pasta de celulosa. El turismo, por su parte, sigue siendo la principal fuente de ingreso de divisas. Todo esto expone a la economía uruguaya, pequeña y relativamente abierta, a los vaivenes de los precios internacionales y, sobre todo, a la inestabilidad crónica de sus dos grandes vecinos.
Junto a Costa Rica (y hasta mediados de los ’70 también Argentina), Uruguay había logrado el notable record de mantenerse como uno de los pocos países latinoamericanos con bajos niveles de desigualdad social. Para ello resultó clave una geografía sin grandes accidentes, que evita por ejemplo las típicas divisiones sierra-costa de los países andinos, y una dimensión reducida, con sólo tres millones y medio de habitantes. Pero la relativa integración social de Uruguay no es sólo una bendición de la naturaleza sino el producto de una sociedad, tal vez la más europea –y europeizada– de América latina, que valora la cultura de clase media y que ya a principios de siglo XX, con José Batlle, había comenzado a construir el Estado de Bienestar más avanzado de la región.
Todo esto, sin embargo, había cambiado en marzo del 2005, cuando Tabaré Vázquez asumió el gobierno después de la crisis económica más profunda de la historia nacional. La pobreza, tras arañar el 35 por ciento, todavía rondaba el 30, según el Instituto Nacional de Estadística, y el desempleo superaba el 10 por ciento. Frente a esta situación, el gobierno apostó, por un lado, a la creación de empleo y al incremento del salario real, como derrame de la expansión económica y como resultado de las políticas de fomento industrial y agrícola. Al mismo tiempo, se creó el Ministerio de Desarrollo Social, que nunca había sido considerado necesario en un país como Uruguay, y se ampliaron los programas de asistencia con el lanzamiento del Plan Nacional de Emergencia Social, cuyo programa principal, el Ingreso Ciudadano, hoy beneficia a 300 mil personas. Estos esfuerzos han dado sus primeros resultados: la pobreza bajó al 25 por ciento y el desempleo al 9,7.
Pero la pobreza no sólo se expandió; también cambió su cara. La crisis que estalló en el 2002 alumbró un nuevo cuadro social: la indigencia, que antes prácticamente no existía, hoy afecta al 3,5 por ciento de la población. Al mismo tiempo, se verificó un proceso de infantilización de la pobreza que hizo que hoy el 50 por ciento de los menores de 12 años sean pobres. Esto crea situaciones estructuralmente difíciles de cambiar y que parece imposible atacar solo con políticas sociales, por más eficientes que sean, ya que involucran cuestiones muy complejas, como la segregación residencial, las nuevas condiciones de los mercados laborales flexibilizados, la tercerización en el sector servicios y otros tantos etcéteras. “Es el desafío más importante y más difícil de nuestro gobierno”, me dijo Felipe Michelini, subsecretario de Educación y Cultura de Uruguay, cuando conversé con él luego de un seminario en Buenos Aires.
Los derechos humanos eran uno de los grandes ítem de la agenda de campaña. El nuevo gobierno impulsó la aprobación legislativa de los tratados internacionales, creó un programa sobre el tema en las escuelas y promovió la investigación de los crímenes de la dictadura aprovechando los agujeros jurídicos de la Ley de Caducidad, la norma sancionada en 1989 –y ratificada en un plebiscito– para frenar las causas por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese a que en su momento el Frente Amplio lideró la campaña contra la ley, el gobierno de Vázquez cumplió lo prometido en la campaña y se negó a derogarla.
Otro de los ejes programáticos de la coalición, las políticas de salud reproductiva, avanzó parcialmente, con el impulso a algunas medidas de educación sexual y anticoncepción responsable. Sin embargo, el gobierno se negó a enfrentar el siempre postergado debate acerca de la despenalización del aborto. En febrero de 2006, un grupo de legisladores presentó un proyecto para autorizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas desde la gestación. La idea era aprobarlo en el Congreso y luego someterlo a un plebiscito, lo que convertiría a Uruguay en el primer país de América latina en plantear seriamente una discusión sobre el tema. Pero Vázquez, de fuerte formación católica, amenazó no sólo con vetar la ley, sino con disolver las cámaras, un recurso institucional extremo, si éstas insistían. “Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario”, advirtió el presidente.
La pregunta no es mera provocación. Algunos, sobre todo en la orilla argentina del Río de la Plata, seguramente piensan eso. Y es que al lado de los cambios abruptos que se vivieron en Argentina, que pasó del neoliberalismo más intenso del continente a la crisis más profunda y de ahí a un gobierno furiosamente antineoliberal (al menos en el discurso), lo de Uruguay parece siempre poca cosa.
Pero habría que ver, en primer lugar, si este estilo de cambio lento es tan negativo como piensan algunos. En todo caso, es parte de una cultura política que detesta los giros bruscos y avanza siempre con movimientos amortiguados, para bien y para mal. En 1992, por ejemplo, mientras el resto de América Latina giraba decididamente hacia la ortodoxia económica, Uruguay les ponía un freno popular a las reformas de mercado rechazando en un plebiscito las privatizaciones. Y más tarde, cuando se anunció la privatización parcial del sistema jubilatorio, un 60 por ciento de los uruguayos eligió mantenerse dentro del sistema estatal de reparto.
El ascenso político de la izquierda no tenía por qué romper esta tradición. Al fin y al cabo, el Frente Amplio nació en 1972 y recién después de tres décadas, tras perder dos elecciones presidenciales y demostrar que era capaz de gobernar Montevideo, pudo llegar al poder. En este sentido, contra lo que piensan algunos desprevenidos, el éxito electoral no fue resultado de una aspiración de cambio total sino, por el contrario, de la capacidad de Tabaré Vázquez para combinar un mensaje de esperanza difusa con las necesarias señales de las tranquilidad que exigía una sociedad que, aunque decidida a pasar a otra etapa, no parecía muy dispuesta a cambiar la tradición reformista tan arraigada en el país.
El conflicto con Argentina por la instalación de la papelera Botnia reavivó la discusión acerca de las ventajas y desventajas del Mercosur y estuvo a punto de terminar con la salida del bloque. Al igual que Paraguay, Uruguay se queja de que Argentina y Brasil no lo tienen en cuenta a la hora de tomar las grandes decisiones, como el ingreso de Venezuela como miembro pleno, y que hacen poco y nada para limitar las asimetrías.
De los cuatro socios, Uruguay es por lejos el que cuenta con un mayor porcentaje de mercoescépticos. Un sector importante de la clase política, junto a buena parte de la sociedad y de los medios de comunicación, defiende la idea de diversificar la política de integración para vincularse con nuevos mercados. El debate divide también al Frente Amplio. De hecho, Astori impulsó en su momento un acuerdo comercial con Estados Unidos que habría implicado la salida de Uruguay del Mercosur y que finalmente se convirtió en un mucho más suave Tratado de Protección de Inversiones. En la oposición, la mayoría apoya la idea, como me explicó el ex presidente Luis Alberto Lacalle, uno de los principales referentes conservadores de su país, en una entrevista en Buenos Aires. “Tenemos que dejar de perder el tiempo con pavadas como el Parlamento del Mercosur, que sólo sirve para generar viáticos. Hay que volver a un acuerdo de libre comercio, que era la idea original, para que podamos explorar otras alternativas complementarias.”
La opinión de Lacalle no debería descartarse con el argumento de que es un neoliberal y punto. El diagnóstico tiene su lógica: típico caso de un país chico, Uruguay produce mucho de pocas cosas y consume poco de muchas. Como diría un economista, es una economía estructuralmente especializada y, por lo tanto, vulnerable a las fluctuaciones de los precios de los pocos productos que exporta. Quienes sugieren avanzar en un regionalismo abierto al estilo de Chile argumentan que la única forma de evitar las variaciones de los precios internacionales es diversificar las exportaciones –y sus mercados de destino– a través de acuerdos con otros países y bloques, para lo cual el país cuenta con algunas ventajas invaluables: una ubicación estratégica, materias primas abundantes y una tradición de estabilidad institucional adecuada para atraer inversiones extranjeras.
Pero esta propuesta ignora el hecho de que Uruguay ya se encuentra estrechamente vinculado con sus vecinos, especialmente Argentina y Brasil, que constituyen sus dos principales socios comerciales y que, sumados, representan casi el 50 por ciento de su comercio exterior. Ambos países son responsables, además, de algunos movimientos clave de la economía uruguaya, como el flujo de turistas. Por más que busque otras opciones, Uruguay, guste o no, tiene su futuro irremediablemente atado al de sus vecinos. Los defensores del Mercosur sostienen, por lo tanto, que la estrategia debería consistir en fortalecer y mejorar el bloque, no en debilitarlo.
Tras mucho dudar, Vázquez descartó la posibilidad de buscar una reforma constitucional para habilitar su reelección en el 2009. Si estuviera habilitado, su triunfo se da por seguro, pero con el líder máximo fuera de carrera el panorama es menos claro: el candidato más popular en las filas del Frente Amplio, José Mujica, genera resistencia en importantes sectores de la sociedad, un poco por su estilo desenfadado, que contrasta con el atildado y circunspecto Tabaré, pero también por su pasado guerrillero (que de todos modos no le ha impedido garantizar con su apoyo la moderación del gobierno). Al superministro Astori le ocurre exactamente lo contrario: tiene una alta intención de voto, pero despierta fuertes rechazos internos. En este juego complicado, todos esperan una definición de Tabaré, cuyo dedo mágico aún no ha señalado a su favorito. Un gobierno de Astori implicaría una clara continuidad económica y, quizás, un viraje parcial en política internacional hacia un mayor acercamiento con Estados Unidos. La perspectiva de Mujica es incierta y ni él mismo parece muy convencido de una eventual candidatura. Otros posibles postulantes, como el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, parecen por el momento un poco débiles para enfrentar a una oposición probablemente unificada. En cualquier caso, lo que es seguro es que ninguno intentará un cambio radical, ni a la izquierda ni a la derecha, en un país acostumbrado desde siempre a avanzar como si caminara debajo del agua.
La semana próxima: 7 preguntas y 7 respuestas sobre la Nicaragua de Daniel Ortega.
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