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Desde Santa Cruz
Cuando ingresan a la ciudad para manifestarse, las organizaciones campesinas e indígenas de Santa Cruz generalmente son emboscadas en alguna avenida por la Unión Juvenil Cruceñista, que se impone con palos y piedras. Extrañamente ayer pudieron entrar y gritarle a quien quisiera oírlo: “El 4 de mayo no vamos a votar”. Quizás ayudó la presencia de 200 periodistas de todo el mundo –inquietos por ver el tan publicitado acto de división de Bolivia– listos para transmitir las agresiones de los citadinos a los queridos “originarios” presentes en gestos y símbolos de movilizaciones autonomistas. Quizás ayudó la vanguardia de guerreros con arcos y flechas que les abrieron camino hasta La Ramada, lugar por excelencia de los movimientos sociales, donde ofrecieron sus puntos de vista rodeados de vendedores de baratijas y pobrerío. Hoy decidirán qué medidas toman para repudiar el referéndum del domingo. Varias organizaciones adelantaron que bloquearán rutas para aislar a la ciudad. Otras evitarán que los votantes metan sus “Sí” en las urnas.
Eran cinco mil personas llegadas de San Julián, Cuatro Cañadas, El Torno, Yapacaní, Montero, Ichilo y otras poblaciones rurales. También había vecinos de las ciudadelas Plan Tres Mil y 1º de Mayo. Leonilda Zurita, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, evidenció que “hoy más que nunca la pelea es entre ricos y pobres. Los ricos no quieren soltar la mamadera. Los pobres hoy nos despertamos para evitarlo. La pelea ahora empieza”.
Los presentes, cubiertos de tierra por el viaje y por sus trabajos, se sacaron un poco las ganas reprimidas de gritar contra “los oligarcas que otra vez quieren matarnos de hambre”, como dijo Zurita. Agitaban banderas bolivianas y wiphalas –la bandera de los pueblos indígenas del Occidente– que sólo se ven en Santa Cruz cuando algún autonomista las incendia.
Las organizaciones sociales de Santa Cruz indicaron que hoy evaluarán medidas contra el referéndum. En muchos casos ya están decididas, pero callan para evitar que crezca el conflicto.
Isaac Avalos, de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), sostuvo que “no estamos de acuerdo con los estatutos hechos por unos cuántos. Queremos autonomía verdadera, constitucional. No esa autonomía racista e ilegal que nos quieren imponer”.
La nueva Constitución, aprobada en la ciudad de Oruro en diciembre de 2007, debe ser viabilizada por referéndum para empezar a regir. Pero esta votación todavía no tiene día porque los partidos de derecha en el Congreso ponen obstáculos y la tildan de “indigenista”. Ese texto prevé cuatro tipos de autonomía (regional, municipal, departamental e indígena). La autonomía según el Comité Pro Santa Cruz y la Prefectura no está contemplada en la Constitución vigente. Por ello las organizaciones sociales, el gobierno nacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) la consideran “ilegal”. En este sentido, Avalos vislumbró una solución al conflicto: “Tenemos que aprobar el nuevo texto constitucional. Así nos hacemos autónomos en nuestros territorios y dejamos a los oligarcas de lado. Eso les va a doler, que les toquemos el lado económico”, consideró. “Vamos a hacer nuestros estatutos cuando se apruebe la nueva Constitución. Antes no va a votar nadie.”
Los campesinos y los indígenas coreaban “Evo, Evo, Evo”. El presidente boliviano había dicho que iba a estar, pero por “problemas de agenda” se ausentó a último momento.
Segundino Lima, de la Federación de Colonizadores de Yapacaní, denunció que los unionistas rompieron los parabrisas de varios camiones en los que vinieron. “No podemos permitir más abusos: se acabó la paciencia. Queremos vivir como buenos bolivianos en todos los departamentos. No vamos a vender nuestra conciencia para que los Costas y los Marinkovich se llenen los bolsillos.” Los manifestantes, entre el olor de la coca que mascaban y el humo de sus fuegos artificiales, dedicaron mueras al presidente cívico y al prefecto.
Fidel Surco, de la Federación de Colonizadores de Bolivia, adelantó que “después del 4 de mayo van a anular las personerías jurídicas de nuestras organizaciones –es una de las atribuciones del prefecto según su estatuto– y van a crear instancias que les obedezcan, con dirigentes vendidos”.
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