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Desde Santiago de Chile
Un fallo unánime del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial con sede en Washington, condenó al Estado de Chile a pagar un total de 16,6 millones de dólares al ciudadano español Víctor Pey y a la Fundación Salvador Allende por la confiscación del diario Clarín en 1973, durante la dictadura del general Augusto Pinochet, tras derrocar por la fuerza de las armas al régimen democrático del presidente socialista Salvador Allende.
La sentencia será apelada por el gobierno chileno, que pedirá su nulidad, para lo cual tiene un plazo de cuatro meses. Un nuevo tribunal del Ciadi deberá determinar si hubo vicios o errores procesales, para lo que se prevé un plazo de dos años. “El fallo es erróneo”, afirmó ayer el ministro de Economía, Hugo Lavados. A través de un comunicado oficial, la cartera adelantó sus argumentos. “El gobierno considera que el fallo, entre otras diferencias, ha desconocido que el señor Pey, como chileno que es, no tenía legitimación para recurrir al Ciadi ni acogerse a las disposiciones del tratado de protección a las inversiones que Chile firmó con España porque no es inversionista extranjero”, dice el texto.
A pesar de que la sentencia fue una derrota para el Estado chileno, hubo satisfacción en el gobierno de este país porque el monto de indemnización concedido fue sólo un 3 por ciento de los 515 millones de dólares inicialmente reclamados por los demandantes. Los tres jueces del tribunal arbitral establecieron en su fallo de 236 páginas que el Estado chileno debe pagar una indemnización de 10,1 millones de dólares, que más los intereses y costas del procedimiento judicial se eleva a 16,6 millones de dólares.
El tribunal internacional le dio la razón a Pey en este tema. El ex dueño de Clarín sostuvo que como la dictadura pinochetista le negó el pasaporte chileno después de su exilio, él se empezó a considerar un inversionista extranjero. Pey nació en España, pero vivió y gozó de la ciudadanía chilena durante los años previos al golpe de 1973.
Según la sentencia del Ciadi, Chile violó su obligación de garantizar a los inversionistas españoles un tratamiento justo y equitativo e incurrió además en denegación de justicia al no pagar a Pey la indemnización, y actuó de mala fe. El Estado chileno pagó en 2002 a terceros una indemnización sin incluir a Pey entre ellos.
Con un promedio de 270 mil diarios vendidos durante la semana y 350 mil los fines de semana, Clarín era el diario más vendido en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y hasta su derrocamiento por los militares sublevados. Fundado en 1954, apoyó al gobierno socialista, se dirigía a sectores obreros y tenía el lema que hoy utiliza Crónica, “Firme junto al pueblo”.
Los militares clausuraron el diario el mismo 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar que derrocó a Allende. El director del matutino, Alberto Gamboa, fue detenido, torturado y estuvo prisionero en el Estadio Nacional y en el campamento Chacabuco, situado en el desierto del norte del país. Muchos periodistas del diario se tuvieron que exiliar o se quedaron sin trabajo y Pey debió refugiarse en la embajada de Venezuela. La imprenta fue entregada a terceros y en las oficinas del diario se instalaron las fiscalías militares.
Pey regresó a Chile en las postrimerías de la dictadura, y con la recuperación de la democracia, en 1990, inició las gestiones para conseguir la devolución del diario, que culminaron con la demanda que presentó con Joan Garcés, representante de la Fundación Salvador Allende y amigo y ex asesor del derrocado mandatario socialista. Su objetivo es volver a publicar el diario. El mercado de la prensa chilena cambió mucho desde 1973. De la dictadura para acá, la mayoría de los diarios se concentraron en las manos de dos grandes empresas de multimedia, El Mercurio y La Tercera, ambas con una clara tendencia opositora.
La paradoja es que su idea ha chocado contra los gobiernos de la Concertación, de ideología progresista, que a pesar de quejarse del acoso por parte de la prensa de oposición, casi toda conservadora, han defendido durante diez años en el Ciadi que a Pey no le correspondía ninguna indemnización.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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