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La OEA y la ONU se pusieron del lado de las víctimas colombianas y criticaron las extradiciones de los ex jefes paramilitares, ordenadas por Alvaro Uribe. “La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la Justicia colombiana”, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Uribe, en tanto, intentó calmar los ánimos y prometió que la Justicia estadounidense colaborará para repatriar y entregar a las víctimas todos los bie-nes y la fortuna que entreguen los paramilitares.
Pero entre las organizaciones de derechos humanos el miedo es que la reparación se quede sólo en lo económico. “La decisión de extraditar a quienes les hicieron daño va en contravía del conocimiento de la verdad”, sostuvo la directora de la ONG Redepaz y miembro del Comité Nacional de Reparación y Reconciliación, Ana Teresa Bernal. El procurador general colombiano, Edgardo Maya, también advirtió sobre las consecuencias de las extradiciones. “Queda desamparado el tema de las víctimas”, opinó.
En el plano internacional, los defensores de las víctimas recibieron el apoyo de la OEA y también de la ONU. “Alertamos sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario”, señaló la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Ayer tres de los catorce paras extraditados se presentaron ante los tribunales norteamericanos para enfrentar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Con cadenas en los tobillos y las muñecas, Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, y Francisco Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, comparecieron junto a su abogado ante un tribunal del sur de Florida. El juez les negó el derecho a fianza y fijó la primera audiencia para el próximo 4 de junio.
El paramilitar Diego Murillo, más conocido como Don Berna, se presentó en una corte federal de Nueva York y sólo habló para declararse inocente. Según la fiscalía neoyorquina, Don Berna ocupaba el cargo de inspector general dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar de la historia colombiana, lo que lo ponía al frente de todas las operaciones relacionadas con el narcotráfico.
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