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Desde La Paz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que en el Chaco boliviano tiene más derechos una vaca o cualquier ser vivo antes que un guaraní. En esta región del sur, miles de familias indígenas están encerradas en estancias donde –de noche a noche y desde hace más un siglo– las someten a “servidumbre análoga a la esclavitud”, según la CIDH. En decenas de propiedades de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca la norma es levantarse a las 3 AM para trabajar hasta las 10 PM en forma gratuita o por sueldos miserables.
Los patrones muchas veces no permiten que los guaraníes abandonen sus predio, porque –argumentan– les deben dinero. En los almacenes de las estancias los precios de los productos básicos son muy altos, así el terrateniente se asegura que tendrá empleados gratis de por vida. Y más allá, porque cuando el padre muere sus hijos heredan las deudas. La comisión y el gobierno boliviano coincidieron el año pasado en que la única forma de liberar a las comunidades cautivas es devolviéndoles su territorio ancestral, sacándoselo a los terratenientes que los detentan. Pero los patrones rechazan las inspecciones con razones autonómicas y con el apoyo de las autoridades locales. La comisión –integrada por la venezolana Luz Patricia Mejía y el argentino Víctor Abramovich– dijo que el gobierno de Evo Morales “tiene la obligación internacional de erradicar la servidumbre y el trabajo forzoso”. Pero el presidente es considerado persona non grata por los grupos de poder regionales que reclaman “autonomía”.
Pascual Avendaño, de 58 años, escapó a los 17 de Primo López, “mi patrón”, dice. “En la hacienda había una chica que me gustó, quería hacer vida con ella. Nos comprometimos a salirnos de ahí”, recuerda. El guaraní aprovechó que el terrateniente había muerto para irse. “Pero quería sacar a mi mujer para que gozara de la libertad”, cuenta a PáginaI12. Entonces volvió a la estancia para negociar con la viuda la liberación de la chica, de 14 años: le costó cinco vacas. “Gracias a Dios estamos casados y tenemos seis hijos”, relata Pascual.
En marzo, la CIDH había firmado un acta compromiso con el gobierno boliviano para terminar con la esclavitud. El Estado intenta registrar las haciendas para liberar a los indígenas y conformar un Territorio Comunitario de Origen (TCO) con el espacio que perderían los patrones esclavizadores y con las tierras fiscales de la zona. La TCO Alto Parapetí, en la provincia Cordillera de Santa Cruz de la Sierra, tendría 153 mil hectáreas, según la exigencia de los guaraníes. Pero el gobierno nacional tiene la entrada prohibida a las estancias.
En el primer intento, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y el presidente de la APG, Wilson Changaray, fueron secuestrados durante un día por un grupo de ganaderos al mando de Ronald Larsen –estadounidense dueño de la estancia Cariparicito–. El gringo Larsen disparó a las ruedas del vehículo donde estaban Almaraz y Changaray, entre otros, para que no huyeran, pero no tuvo buena puntería.
El segundo fue el 4 de abril. Esa vez Almaraz fue con la policía, pero de poco le sirvió ante la violencia de estancieros y empleados que los echaron con piedras y palos. El 13 de abril, una caravana de 400 guaraníes acompañaba al equipo del Viceministerio de Tierras para empezar la investigación. Pero en el municipio de Cuevo fueron emboscados por terratenientes y pobladores que destruyeron los vehículos, hirieron a 46 guaraníes –entre ellos a Pascual–, secuestraron y torturaron a varios, como la periodista Tanimbu Estremadoiro, el abogado Ramiro Valle y el camarógrafo argentino Fernando Cola. Tras este intento la CIDH decidió visitar Bolivia.
Durante una semana, la comisión se entrevistó en La Paz, Sucre, Camiri, Alto Parapetí y Santa Cruz con los sectores involucrados. Ahora la comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) volverá a Washington para redactar su informe. Y adelantó algunas posturas: “La CIDH condena las violaciones graves a los derechos humanos” de los guaraníes. También reprocha “la obstaculización que realizan particulares contra la implementación de las políticas públicas. Estos hechos deben ser investigados y sus responsables, sancionados”.
No será fácil cuando la prefectura de Santa Cruz avanza en la implementación de su Estatuto Autonómico, que niega la tuición de las tierras al Estado nacional y se la otorga al gobierno departamental. Mientras se resuelva este gran conflicto, la comisionada Mejía dijo a PáginaI12 cuáles medidas son urgentes para la liberación: “El Estado tiene que asegurar la protección de los testigos, cuyas vidas corren peligro. También tiene que reconstituirse el Tribunal Constitucional –acéfalo desde 2007– para contar con un árbitro imparcial”.
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