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Desde Lima
El gobierno de Alan García acelera medidas que promueven la concentración de las tierras agrícolas en grandes latifundios y que apuntan a la liquidación de las ancestrales comunidades campesinas. Hace dos semanas García emitió un decreto-ley que permite la venta de las tierras de las comunidades campesinas con solamente la aprobación de la mayoría simple de los asistentes a una asamblea, derogando la ley que ponía como valla para la venta de las tierras comunales la existencia de un acuerdo de dos tercios de los miembros de la comunidad.
Días después, García emitió un decreto que crea un fondo para dar créditos a quienes compren las tierras de los pequeños propietarios, para quienes, por cierto, no hay acceso a créditos ni apoyo del Estado. Estas dos medidas apuntan a promover la venta de las pequeñas extensiones agrícolas e incentivar la acumulación de tierras en grandes propiedades, como parte de la política del gobierno de priorizar la agroexportación basada en los latifundios. El ministro de Agricultura, Ismael Benavides, es un banquero vinculado con el negocio de la agroexportación. Estas leyes también buscan favorecer la compra de tierras comunales por parte de las transnacionales mineras y petroleras.
En 1969 el gobierno militar del fallecido general Juan Velasco Alvarado inició una reforma agraria que terminó con los latifundios y repartió las tierras expropiadas entre los campesinos. Los principales latifundios pasaron a ser cooperativas agrarias. Pero a la caída de Velasco en 1975 la reforma agraria se paralizó y en los años ochenta el proceso comenzó a revertirse, aunque lentamente. Las cooperativas entraron en crisis y en los noventa Fujimori aceleró la contrarreforma agraria y abrió las puertas para el retorno de los latifundios en la costa. Ahora García busca extender los latifundios a la sierra y también impulsa una ley para vender grandes extensiones de la Amazonia a empresas privadas.
La política agraria del gobierno ha encendido las protestas en el interior del país. Los campesinos han anunciado un paro agrario para el ocho de julio en rechazo a las leyes que promueven la liquidación de sus comunidades. Hay aproximadamente siete mil comunidades campesinas, que agrupan a cerca de un millón de personas. Mientras el campo se enciende, la Defensoría del Pueblo y un grupo de congresistas han denunciado por anticonstitucional la ley que facilita la venta de las tierras comunales ante el Tribunal Constitucional. Esta ley había sido rechazada por el Congreso, pero el gobierno la ha promulgado a través de un decreto ley, utilizando las facultades que le dio el Parlamento para adecuar la legislación al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Precisamente, los pequeños productores agrarios serán los más perjudicados con el TLC con Estados Unidos. Un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) señala que el sector agrario perderá unos 200 millones de dólares al año con el ingreso de productos agrícolas subsidiados desde Estados Unidos, al amparo del TLC, y que la mayor parte de esas pérdidas las sufrirán los campesinos de las comunidades de los Andes.
“La política agraria del gobierno favorece la apropiación de tierras por parte de transnacionales dedicadas a la agroexportación y de la oligarquía local. El gobierno y la transnacionales podrán manipular algunos dirigentes para que convoquen una asamblea que haga aprobar la venta de tierras sin el acuerdo de la mayoría de todos los miembros de la comunidad, pero las cosas no van a ser tan fáciles, porque para las comunidades la tierra no es sólo un bien de producción, sino su forma de vida. Esto lo que va a traer son protestas en el campo”, le señaló a PáginaI12 Reynaldo Trinidad, experto en temas agrarios. Por lo pronto, los campesinos se han declarado en “pie de guerra” contra el gobierno. “Vamos a salir a las calles en todo el país para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con la venta de nuestras tierras ancestrales”, anuncia Melchor Lima, secretario general colegiado de la Confederación Campesina del Perú. “No permitiremos más abusos del gobierno, que quiere despojarnos de nuestras tierras, pero no podrá impedir que luchemos por nuestros derechos”, advirtió Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria.
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