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El Ejecutivo italiano presentó ayer dos nuevas medidas que se incluirán en el proyecto de ley sobre seguridad, las cuales son duramente criticadas por la oposición, ya que permitirán suspender momentáneamente uno de los juicios contra el jefe del gobierno, el empresario Silvio Berlusconi. “Pediré al Consejo de Ministros que presente un proyecto de ley para evitar que se pueda utilizar la Justicia contra quien se encuentra en los más altos niveles institucionales del Estado”, anunció Berlusconi en una nota dirigida al presidente del Senado, Renato Schifani, y que envió a los medios de comunicación.
Una de las dos medidas, presentadas durante el debate en el Senado de dicho proyecto de ley, indica cuáles son los juicios a los que debe darse prioridad según el tipo de delito. La segunda prevé el aplazamiento hasta en un año de los procesos menos urgentes relativos a delitos cometidos hasta el 30 de junio de 2002 y con penas inferiores a 10 años. Las enmiendas especifican que los procesos que pueden aplazarse tienen que encontrarse en fase preliminar o en la etapa oral del juicio en primera instancia.
Con la entrada en vigor de esta ley, se aplazará uno de los procesos que tiene pendientes Berlusconi, en el que se juzga el supuesto pago de 580.000 euros al abogado británico David Mills para que falsificara sus testimonios en dos procesos contra el magnate de la televisión y de los que fue absuelto. Esta posibilidad ha generado las críticas de los partidos de la oposición, que han acusado al gobierno de querer aprobar leyes “salva Berlusconi”. “Como en la pasada Legislatura, Berlusconi vuelve a intentar aprobar leyes a su favor. Evidentemente aún no ha terminado de arreglar sus negocios personales”, afirmó el líder de la formación Italia de los Valores, Antonio di Pietro.
El responsable de Justicia del Partido Demócrata, Lanfranco Tenaglia, denunció, por su parte, la presentación de la “enésima medida ‘ad personam’ que suspenderá los juicios, empezando con el de Berlusconi”. La ira de la oposición aumentó ante la hipótesis anticipada ayer por los medios de comunicación italianos sobre la intención, no confirmada, del Ejecutivo de recuperar la ley que concedía inmunidad a los cinco máximos cargos del Estado, entre ellos el presidente del Gobierno.
Esta norma –conocida con el nombre de su autor, “Ley Schiffani”, y que presentó en 2004 el entonces gobierno de Berlusconi– fue rechazada por el Tribunal Constitucional italiano.
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