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El pedido no alcanzó. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Washington que suspenda la ejecución de cinco ciudadanos mexicanos que esperan en el corredor de la muerte. Pero el estado de Texas se negó de forma rotunda. “Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero”, sentenció el portavoz del gobernador, Robert Black.
El dictamen de la CIJ, el máximo tribunal de Justicia de la ONU, interpela a los Estados Unidos a evitar la ejecución de los condenados hasta que el tribunal se pronuncie acerca de una petición hecha por México. El país azteca acusa a su vecino del Norte de violar las obligaciones internacionales al rechazar una revisión de las condenas a pena de muerte de sus conciudadanos.
Uno de los condenados, José Medellín, acusado de la violación y el asesinato de dos muchachas, está previsto que sea ejecutado el 5 de agosto. Los otros cuatro podrían recibir próximamente una fecha que fije sus ejecuciones en un plazo de uno a tres meses.
Sin embargo, la reacción estadounidense fue rotunda. “La Corte Suprema (de Estados Unidos) lo ha dicho, las decisiones de la CIJ no tienen efecto directo sobre los estados norteamericanos. La decisión de hoy subraya nuestras obligaciones para con el derecho internacional, pero técnicamente no tiene efecto en Estados Unidos”, sostuvo el consejero del Departamento de Estado John Bellinger.
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