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Desde México, D. F.
Militarización, retórica y marketing son los tres ejes de la campaña de la administración derechista de Felipe Calderón en contra del crimen organizado, que ha cobrado más de 5600 víctimas en México en los 21 meses que lleva de gestión. Pero resultados concretos más bien han sido mínimos comparados con el costo de incertidumbre, miedo e indefensión en que vive la mayor parte del país, ya no sólo por la alta probabilidad de ser víctima del crimen común u organizado, sino de ser abatido circunstancialmente en los ajustes de cuentas entre bandas, o peor aún, sufrir el avasallamiento policíaco-militar bajo el pretexto de operativos federales que no siempre acaban bien.
Para muestra, un botón: a partir del rimbombante Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, firmado el pasado 21 de agosto por el presidente de la república, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Congreso de la Unión, los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como dirigentes de organizaciones civiles –que incluyeron a la Iglesia católica y a varios medios de comunicación–, 190 personas han sido ejecutadas, de las cuales dos decenas han sido decapitadas (12 en un solo día). El crimen organizado incluso ha atacado directamente a estaciones de policía y hasta puestos militares. En contraste, las bajas entre los criminales son producto de enfrentamientos entre bandas, fundamentalmente.
Ante tal desastre, organizaciones mayoritariamente de derecha convocaron el sábado a una “megamarcha” en la capital del país y en todas aquellas que desearan sumarse en contra de la violencia y la inseguridad. Miles de personas de clase media y alta en su mayoría vistieron de blanco y encendieron velas que iluminaron sus exigencias: si los funcionarios públicos no pueden con el crimen, que renuncien; y la más radical: la reinstauración de la pena de muerte en México contra secuestradores.
La demanda marcha alineada con una propuesta del ejército para imponer una disciplina militar en los cuerpos policíacos del país y aplicar la pena de muerte a los efectivos policíacos que se alíen al crimen organizado o cometan actos de rebelión, sedición, sabotaje, traición o que causen la muerte al superior, entre otros delitos. Un “castigo ejemplar”, pregonan los generales que elaboraron el proyecto, aún no entregado al presidente Calderón.
El delito de secuestro ha sido el catalizador de todo: 1235 en 20 meses, en los que no es inusual encontrar involucrados a policías e incluso a militares que han engrosado las filas del crimen organizado.
Aun así, en la marcha casi todos saben que, por supuesto, no va a pasar nada de lo que piden, que todo es más bien una catarsis para sacudirse lustros de temor, rabia e impotencia, pero también de su propia indolencia social. No es la primera vez, ésta es la cuarta marcha de este tipo en los últimos 11 años y la menos numerosa de todas, aunque tal vez la de mayor cobertura mediática, transmitida en vivo por las dos grandes cadenas de televisión abierta.
Derramado el vaso tras el asesinato el mes pasado de un adolescente secuestrado, hijo de un conocido empresario, las voces que reclaman mano dura contra la violencia que azota al país se exaltan y mezclan consignas antiaborto, pero muy pocos incluyen a las dos indígenas triquis conductoras de una radio comunitaria, o a las comunidades chiapanecas y oaxaqueñas, o a las muestras de Juárez y a miles más de víctimas de feminicidio por todo el país. Las voces que se escuchan son de unos cuantos privilegiados que tienen algo o mucho que perder. Son parte de las familias que han gastado unos 12 mil millones de dólares en medidas de seguridad en los últimos cuatro años, o de los empresarios que gastaron 6,5 millones de dólares en el mismo lapso, equivalente a 2,3% del PIB nacional, en conjunto, según reporta el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Los jodidos aquí no están, y nadie habla por ellos.
Las buenas conciencias acudieron a la residencia oficial de Los Pinos ayer, menos de 24 horas después de su marcha y menos de 24 horas antes de que Calderón deba presentar por escrito su segundo informe de gobierno. Representantes de 14 asociaciones civiles escucharon a su presidente decirles que atenderá sus peticiones y repetir la cantaleta que se ha difundido a lo largo de toda la semana en cápsulas radiofónicas y televisivas sobre su compromiso con la seguridad y los “logros” alcanzados durante su administración. En reciprocidad, le anuncian la creación de lo que ellos llaman Instituto Ciudadano de Prevención Social del Delito, y reciben el aval de Calderón, aunque sin mayor aspaviento, lastimado su hombro izquierdo luego de que fallara el equilibrio presidencial y cayera de la bicicleta en la que se ejercitaba, el sábado pasado.
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