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Desde México, D. F.
La capacidad del Estado mexicano para identificar, ubicar y detener a los responsables del atentado del lunes pasado en Morelia –que dejó un saldo de siete muertos y 132 heridos, siete de ellos aún muy graves– está en duda, lo mismo que la estrategia de la administración del presidente Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado. Hasta el momento, la única pista oficial es un retrato hablado de alguien que creen podría haber arrojado una de las dos granadas de fragmentación entre una multitud que festejaba el 198 aniversario de la guerra de independencia, aunque ayer detuvieron en el estado de Zacatecas a dos personas cuya única sospecha fundada en su contra para aprehenderlos, tras una llamada anónima, es haberse accidentado en una carretera conduciendo un auto con placas del estado de Michoacán. Sobre la autoría del atentado, sólo especulaciones.
Entre la unanimidad de la oleada de discursos de condena, destaca la reiterada postura de Calderón para transferir a la sociedad la carga de responsabilidad por la violencia que arrasa al país desde que asumió, por la puerta trasera del Congreso, el cargo de presidente de la República.
“México reclama unidad para rechazar categóricamente y sin matices estos actos de barbarie, unidad para denunciarlos, unidad para negarles el cobijo social para realizar sus actividades, unidad para apoyar también la acción del gobierno para ir contra ellos como vamos a ir”, dijo.
No es la primera vez que le reprocha a la sociedad una pretendida complicidad con las bandas criminales, ya sea por acción u omisión, ni que culpa a la oposición por la división política que, de origen, surge de su cuestionada legitimidad. Lo ha hecho no menos de 20 veces en los últimos dos años. Ha tenido que ser el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien plantee la necesidad de cambiar la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, pues ésta “ya probó su ineficacia”. De hecho, “es obvio que no funciona”, dijo el martes al recibir una propuesta del Partido Verde Ecologista de México –el único partido verde de derecha en el mundo– para reimplantar la pena de muerte en el país contra secuestradores. El presidente de la CNDH coincidió con el ombudsman del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, en que México ha entrado a una etapa de terrorismo sin precedentes. Soberanes remarcó la creciente escalada de violencia con ejecuciones masivas como las ocurridas en las últimas tres semanas: 24 cadáveres abandonados en una barranca en el Estado de México y 12 decapitados en Yucatán, además de las decenas que mueren todos los días en varios puntos del país.
Ante esto, todos los partidos políticos, excepto el PAN y el Partido Verde, se sumaron el miércoles al reclamo de modificar la estrategia gubernamental. El PRI condensó los cuestionamientos del resto de la oposición y le recordó a Calderón que la unidad que exige no debe ser otra que su obligación de cumplir con la Constitución, garantizar la paz social y la seguridad de los mexicanos y buscar a los verdaderos cómplices del crimen organizado en la iniciativa privada, en el propio gobierno y en todos los entes de poder. El PAN, como ya es costumbre, los acusó de querer sacar ventaja política.
“Es una conmoción que va más allá de Michoacán y necesitamos que el Estado nos garantice el derecho a la seguridad”, había dicho Alvarez Icaza. Pero esta capacidad es la que está en duda, no sólo con los más de 450 ejecutados en menos de un mes, sino por la retórica del poder que, más que rendir cuentas sobre el combate al crimen organizado, parece dirigido a anatemizar a la oposición política, que no ceja en recordar la ilegitimidad de origen del presidente Calderón, quien desde el primer día de su administración se cobijó en las fuerzas armadas.
Paradójicamente, fue en su tierra, Michoacán, donde a poco de asumir el poder inició la militarización del país en su pretendida guerra contra el narcotráfico, lanzando al ejército y a la armada a combatir el crimen organizado. El saldo no sólo es una escalada de violencia que nunca antes se había vivido en México, sino el descrédito de los militares, envueltos en reiteradas violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato de varias personas, la criminalización de la disidencia y el reestablecimiento del autoritarismo. Pero Calderón insiste en culpar a la sociedad por cobijar delincuentes y a la oposición por “sembrar” la división. “México reclama unidad para rechazar categóricamente y sin matices estos actos de barbarie, unidad para denunciarlos, unidad para negarles el cobijo social para realizar sus actividades, unidad para apoyar también la acción del gobierno para ir contra ellos como vamos a ir”, dijo Calderón, en alusión al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien el mismo lunes de los atentados había encabezado una ceremonia paralela –“el Grito de los Libres”– a la que Calderón protagonizaría una hora después en el Zócalo de la capital del país.
López Obrador atribuyó la descomposición social no al destino ni a la fatalidad, sino “al mal gobierno y las políticas que se imponen para favorecer a una minoría a costa de la opresión y el sufrimiento de la mayoría”, y reiteró que el de Calderón es un gobierno usurpador que “está totalmente desprestigiado y carece de poder real, porque nadie lo respeta ni obedece”. En respuesta, Calderón lleva dos días lanzando llamados a una unidad que topa con su propia debilidad en el poder. “Pretender obtener dividendos a partir del dolor o el sufrimiento de las familias que perdieron a sus seres queridos va a enfrentar el rechazo unánime y rotundo de la sociedad”, advirtió ayer. Sus discursos, hasta ahora, sólo encuentran eco entre su gabinete, sus correligionarios, aunque son reproducidos acríticamente por todos los medios electrónicos y la mayor parte de los escritos.
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