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“Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.” Así se titula el informe de más de 260 páginas que difundió esta semana la organización norteamericana Human Rights Watch (HRW) sobre los dos gobiernos de Hugo Chávez. “Con el pretexto del golpe, Chávez se dedicó a desarmar sistemáticamente los controles que su propia Constitución impone, a concentrar poderes y a anular instituciones oficiales”, explicó al presentar el informe José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. Desde el Palacio de Miraflores optaron por tratar con indiferencia el documento. El único dirigente chavista que contraatacó fue el diputado Tulio Jiménez. “Es parte de la campaña de Washington contra el país, contra el gobierno y contra Chávez.”
El informe de la ONG se concentra en tres ejes: la falta de independencia de los poderes y los ataques a la libertad sindical y a la de prensa. En el primer caso, el documento reconoce que el problema existía desde mucho antes que Chávez asumiera el poder, pero acusa al mandatario de no haber hecho nada al respecto. “Si bien el gobierno de Chávez reemplazó el antiguo sistema que discriminaba en el otorgamiento de puestos de trabajo y servicios públicos, ha seguido discriminando a través de nuevas formas de exclusión basadas en la lealtad política.”
HRW recuerda cómo en 2004, funcionarios del gobierno amenazaron con orden de despidos masivos a partir de la lista de opositores que habían firmado a favor del referéndum revocatorio contra el presidente. O cómo el entonces ministro de Energía y presidente de Pdvsa Rafael Ramírez pidió renovar la empresa petrolera y convertirla en “roja, rojita” después del paro de dos meses de diciembre 2002. El paro petrolero había sido dirigido por muchos de los mismos dirigentes empresariales que asumieron por escasas 40 horas durante el golpe de Estado fallido de abril de ese año. En ambos casos, la organización reconoce que con el tiempo, Chávez frenó esos abusos de poder. Sin embargo, destaca Vivanco, nunca ningún funcionario venezolano fue condenado o siquiera acusado por ello.
El otro eje del informe es la libertad sindical. La ONG sostiene que durante el gobierno chavista se crearon nuevos gremios oficialistas, que son beneficiados por el Estado a la hora de negociar. Algunos sectores críticos, aunque no antichavistas, de la Central Unica de los Trabajadores, como el líder Orlando Chirinos, también denunciaron estos favoritismos. El propio Chirinos fue despedido de Pdvsa después de cuestionar la política económica del país.
El informe recuerda que en los últimos tiempos el gobierno ha aislado a los sindicalistas más combativos e incluso ha ordenado reprimir algunas huelgas. Aunque no lo menciona, el último caso fue el de Sidor, la siderúrgica filial de Techint en Venezuela. Durante meses el gobierno se negó siquiera a escuchar los reclamos de los trabajadores y llegó a reprimir sistemáticamente sus movilizaciones. Sin embargo, la presión fue tal que Chávez terminó cediendo y nacionalizó la empresa.
El último eje son los medios de comunicación. “En Venezuela aún existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores pueden hacer oír sus críticas y aquellos afines a Chávez expresan su defensa del gobierno.” A pesar de este diagnóstico, HRW sostiene que después del golpe de 2002, el gobierno logró inclinar la balanza de los medios de comunicación a su favor. La prensa sigue siendo mayoritariamente opositora, pero ganó presencia en la televisión y la radio.
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