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El presidente colombiano decretó el estado de conmoción interior. “La institucionalidad del país está en peligro”, aseguró Alvaro Uribe en su discurso del jueves a la noche. La última vez que había tenido que echar mano a esta inusual herramienta había sido hace seis años, cuando las FARC detonaron quince bombas en Bogotá el día de su asunción y mataron a más de una veintena de personas. Esta vez los hombres y mujeres que según el gobierno ponían en peligro el país no portaban fusiles y explosivos, sino trajes y corbatas. El sindicato de empleados judiciales cumplía ayer el día número 38 de una huelga nacional que mantiene paralizados todos los despachos y los tribunales colombianos. Reclaman mejores salarios y una nivelación con respecto a los sueldos de los jueces de las llamadas Altas Cortes.
En Colombia, el estado de conmoción interior le permite al presidente otorgar poderes extraordinarios a otras instituciones. En 2002, autorizó a los militares a detener personas, conducir allanamientos e interceptar llamadas telefónicas sin autorización judicial. Esta semana, le dio luz verde al Consejo Superior de la Judicatura, un tribunal cercano a él, para remover y nombrar jueces y funcionarios judiciales.
Al justificar su decisión, Uribe pintó un escenario dramático. “Esto le causa al país una tragedia.” Según un informe que le entregó la Policía Nacional, 2720 supuestos criminales quedaron en libertad porque se vencieron los plazos para presentar pruebas o legalizar sus detenciones. En total, estima el informe, más de 45 mil audiencias judiciales fueron postergadas en el tiempo que lleva la medida de fuerza y más de 13 mil procesos penales nunca llegaron a abrirse. El Ministerio de Justicia estimó que las pérdidas ya superan los 60 millones de dólares.
Pero los números del presidente no convencieron más que al oficialismo. “Aun reconociendo estas cifras, Uribe no tenía por qué declarar el estado de conmoción interior. Como mandatario tiene las facultades para negociar en un conflicto sindical”, cuestionó el presidente del opositor Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria. La ONU también puso en duda el decreto. “Es una terapia que va a exacerbar más la enfermedad”, opinó Manuela Carmena, líder de la comisión que llegó esta semana para investigar las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército.
Para Gaviria la decisión de Uribe es un nuevo contraataque en la guerra que mantiene con la Justicia colombiana desde el año pasado. “El presidente quiere uniformar a la rama judicial; terminar con las voces disidentes”. Ayer por la tarde el presidente de ese tribunal, Jesael Giraldo, estrenó sus nuevos superpoderes y decretó que el paro terminaba ayer mismo. Quien no lo acepte, aseguró, se arriesgará a un proceso disciplinario y, eventualmente, a ser despedido.
La Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal) rechazó las amenazas y calificó de “inconstitucional” el estado de conmoción interior. “Es una manera de sofocar la movilización de los trabajadores judiciales”, aseguró el presidente del sindicato.
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