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Desde México, D. F.
Mientras el presidente Felipe Calderón se propone un nuevo experimento ante el evidente fracaso de la Policía Federal Preventiva para combatir el crimen organizado, la violencia en México provocó ya la muerte de cuatro mil personas en lo que va de este año. La cifra sin precedente se alcanzó este martes tras un enfrentamiento entre sicarios en Ciudad Juárez en el que murieron tres gatilleros.
Según un recuento del diario El Universal, que lleva una puntual cuenta de las ejecuciones y enfrentamientos que suceden prácticamente a diario en casi todo el país, en los últimos 48 días han muerto mil personas. El primer millar de muertos este año se alcanzó entre el 1 de enero y el 24 de abril, es decir, en los primeros 120 días del año. La cifra llegó a dos mil el 3 de julio. Para el 4 de septiembre pasado, los muertos por violencia asociada al crimen organizado rebasaron los tres mil. Y en sólo los últimos 48 días, mil personas más han sido asesinadas.
Los crímenes han ocurrido prácticamente en todo el país, y solamente dos estados se libran de que ocurran ejecuciones dentro de sus fronteras: Baja California Sur y Tlaxcala, que son los que registran la menor población. En contraste, tan sólo en el fronterizo estado de Chihuahua han sido asesinadas 1616 personas a lo largo de este año, pero desde el 4 de septiembre hasta el 21 de octubre murieron 422, como parte de la guerra que libran ahí los carteles de Juárez y del Golfo. En Baja California han sido asesinadas 157 personas este año; 139 en Sinaloa; 54 en el Estado de México, y 43 en Durango. En la última semana destaca el asesinato y decapitación de media docena de militares.
En tanto, el presidente Felipe Calderón envió ayer a la Cámara de Diputados un par de iniciativas: una Ley de la Policía Federal y una Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Lo sobresaliente es que con ellas se pretende crear una policía única, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pero que realizará tareas de investigación para el Ministerio Público Federal.
De aprobarse, desaparecerían la Agencia Federal de Investigaciones y también la Policía Federal Preventiva que, según el texto de las iniciativas presidenciales, en ocho años de funcionamiento no consiguió ser “una institución sólida, capaz de forjar un sistema que pudiera fungir como modelo de organización y gestión para todas las policías del país”. Además, reconoce que todas las reformas hechas a ese cuerpo desde su creación, en 2000, “no han logrado los frutos esperados, y en la práctica la operatividad de la policía estuvo acotada por la ausencia de palancas normativas que impulsaran su de-sarrollo pleno”.
Así, entre críticas de gobernadores y legisladores de la oposición por las asignaciones del gasto federal en materia de seguridad, ayer se difundió un documento elaborado por la Procuraduría General de la República en julio pasado en el que niega que las causas de la violencia en el país las genere el gobierno de Calderón y asegura que al inicio de esta administración “la violencia y la inseguridad tenían secuestradas a muchas poblaciones del país, y la impunidad tenía en estado de indefensión a los ciudadanos frente a los criminales”.
Del documento se infiere que ellos insisten en creer que el gobierno de Calderón sí va ganando la guerra a la delincuencia organizada, pues “el Estado es más poderoso en términos de recursos y capacidad de reacción y respuesta, y tiene más solvencia política, ética y moral que cualquier organización criminal por más recursos que ésta posea”.
La violencia, insiste la PGR, es una reacción de las mafias: “El crimen organizado era poderoso cuando actuaba con impunidad, controlaba territorios e incidía de forma directa en la vida de la población, ahí no pasaba nada, hasta que el Estado mexicano interviene con la fuerza y contundencia que lo hace ahora”.
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