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Desde Bogotá
De un día para otro, al muchacho que se ganaba la vida como estatua viviente en un parque de Neiva el ejército lo hizo aparecer como un guerrillero muerto en combate. Nadie ha salido del asombro en esta ciudad al sur de Colombia. Mientras, el país asiste horrorizado a la denuncia de 1155 víctimas de ejecuciones extrajudiciales como ésta, que investiga la Fiscalía General de la Nación por todo el territorio colombiano. Se acusa a las fuerzas públicas de registrar como guerrilleros caídos en combate a personas inocentes, llamados “falsos positivos”. Más de 3000 funcionarios de las Fuerzas Armadas son investigados, incluidos generales.
Un boomerang al que se enfrenta el presidente colombiano, Alvaro Uribe. El mandatario basó gran parte de su política de seguridad democrática para combatir a la guerrilla, primero, en un sistema de recompensas a civiles que informaran sobre guerrilleros, lo cual pudo haber generado una red de delincuencia o negocio de muertos, según advirtió el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana; y, segundo, en la estrategia de privilegiar los incentivos militares según el número de bajas en combate.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció el domingo la destitución de otros trece militares por este escándalo, que se unen a los veintisiete miembros del ejército que ya fueron relevados hace tres semanas. Con estas destituciones y la renuncia del comandante del ejército, Mario Montoya (responsable de la operación en la que se liberó a Ingrid Betancourt en julio), el gobierno, afirma el fiscal, “ha pretendido salvar su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional”. “Pero si comprobamos que ésta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad”, añade.
No son casos aislados. En Neiva, cubierto de blanco de la cabeza a los pies, Miller Andrés Blandón acudía al Parque Cívico a ganarse la vida como estatua humana. Hacía poco había salido de un centro de desintoxicación de drogas y convertido la Casa de Apoyo al Habitante de la Calle en su refugio, dice el coordinador del programa, Antonio Torres. El 17 de julio, Blandón acudió allí a comer. Cuando los indigentes terminaron, llegaron dos hombres en una moto y les ofrecieron trabajo como recolectores de café. Sólo tres de ellos se creyeron el cuento y se fueron a juntar café.
Al día siguiente, las noticias del mediodía dijeron que tres guerrilleros habían caído en combate en las selváticas montañas de los Andes del municipio de San José de Isnos.
Al atardecer, uno de los miembros de la fiscalía que hizo el levantamiento de los cadáveres encontró en la cartera de una de las víctimas su documento de identidad, a nombre de Miller Andrés Blandón, y apuntado un número de móvil. Llamó, y la segunda esposa de su abuelo, Silvia Segura, negó que ese muchacho de 24 años fuera guerrillero.
Los otros dos indigentes siguen enterrados como no identificados. Igual que en muchos de los casos investigados en catorce departamentos, ya que se buscan personas que no sean de la región, las secuestran, las trasladan lejos de su zona y luego el ejército las registra como guerrilleros caídos en combate para evitar que alguien las reclame.
Colombia se ha convertido en un territorio minado para Uribe, ante la continua denuncia de estas ejecuciones extrajudiciales. Según la analista política Claudia López, estos hechos dejan en evidencia la ineficacia del control y mando del gobierno frente a sus instituciones militares y de los comandantes frente a sus subalternos y la negligencia frente a las denuncias de violación de derechos humanos.
El país es observado. Días antes de su elección como presidente de Estados Unidos, el 4 de noviembre, Barack Obama aseguró en uno de los debates de la campaña que no firmaría con Colombia el Tratado de Libre Comercio mientras no haya garantías de derechos humanos.
Son 1155 muertes que investiga la fiscalía –como el caso de Miller Andrés Blandón–, de indigentes, drogadictos o marginados, más otras 2000 denunciadas por otras instituciones. Todo para cumplir con los resultados pedidos, obtener ascensos, condecoraciones o, simplemente, para disfrutar de permisos en días especiales. Ocurrió el Día de la Madre de 2007, cuando en el Batallón de Infantería 31, el soldado Luis Esteban Montes advirtió infructuosamente a su comandante de que la persona que habían secuestrado sus compañeros con el fin de hacerla pasar por un guerrillero muerto era su hermano.
Desde la llegada de Uribe al gobierno, en 2002, se han denunciado casos de “falsos positivos” por parte de familiares u organizaciones de derechos humanos que lo único que recibían del presidente eran descalificaciones o acusaciones.
Un presidente que en su primer acto público, el 8 de agosto de 2002, anunció su política de estímulo y recompensas a civiles, y la pretensión de convertir a Colombia en un país de informantes. Lo que ha generado muchos debates y casos asombrosos. El semestre pasado, el guerrillero alias Rojas se presentó ante un comando del ejército con la mano de su jefe Iván Ríos, del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como prueba, y diciendo dónde estaba el cadáver. Yacía junto al de la novia de éste, a la que también había matado. Tras una polémica nacional sobre la legalidad y moralidad de que Rojas recibiera la recompensa, finalmente le fue concedida.
Según las estadísticas del propio gobierno, cuando Uribe llegó a la presidencia, en Colombia había 15.000 hombres de las FARC. Según esas mismas fuentes, en estos seis años se han desmovilizado, han sido capturados o han muerto en combate 55.000 guerrilleros. Las cuentas no cuadran. “Una prueba –reflexiona Claudia López– de la obsesión por justificar resultados absurdos.”
Aunque en Colombia nadie niega que la seguridad del país ha mejorado, que hay más confianza por parte de los inversores extranjeros y que las FARC parecen heridas, cuarenta y cinco millones de colombianos se preguntan perplejos si acaso, para solucionar el conflicto armado, todo vale.
* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.
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