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El mundo|Lunes, 24 de noviembre de 2008
Dejó al descubierto groseras fallas en el sistema de identificación de desaparecidos

El falso desaparecido conmueve a Chile

Las personas que lo ayudaron a cruzar la frontera están enojadas con él y los organismos de derechos humanos señalan que no se trata de un caso aislado sino que es el producto de fallas sistémicas en las investigaciones.

Por María Laura Carpineta
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La política de derechos humanos del gobierno de Michelle Bachelet quedó bajo la lupa.

El 27 de agosto de 1974 Germán Cofré Martínez tomó un taxi junto a dos vecinos en una esquina a unas cuadras de su casa rumbo a la frontera. Iba a Mendoza a buscar trabajo. Su mujer lo sabía, el barrio lo sabía y hasta el Estado chileno lo sabía. Pero de todas formas en 1995 lo dieron oficialmente por muerto y pasó a engrosar la lista de desaparecidos por la represión ilegal. Cofré reapareció la semana pasada y al hacerlo desató un escándalo. Su caso puso bajo la lupa el compromiso de los gobiernos de la Concertación con la búsqueda de la verdad sobre los crímenes del pinochetismo.

Cofré había caído preso el 24 de septiembre de 1973, cuando efectivos de la Fuerza Aérea chilena se lo llevaron de su casa en una redada masiva. Como sucedía en el resto del cordón que rodea la capital, los militares se llevaron a todos los varones, excepto a los niños y los ancianos. Muchos no volvieron a sus hogares. Pero Cofré regresó a su casa a pocos días de su detención y estuvo con su mujer y sus tres hijos chiquitos casi un año más antes de partir a Mendoza en busca de un buen pasar.

Fernando Aguilera Godoy es el hombre que ayudó a Cofré a cruzar la frontera hace más de 30 años. Aguilera conoció al falso desaparecido –como ya lo bautizaron los medios chilenos– a principio de los setenta. Los dos militaban en el Partido Comunista en La Cisterna, un barrio de clase trabajadora en las afueras de Santiago.

Aguilera había perdido su trabajo como camionero de ENAP, la empresa petrolera nacional, en septiembre de 1973, dos semanas después del golpe de Estado. Sin dinero, el entonces joven esposo y padre de dos hijas decidió probar suerte en la transandina Mendoza. La primera vez cruzó la frontera con miedo, pero con el tiempo se fue poniendo canchero. “No nos estábamos escapando de la dictadura, estábamos buscando trabajo”, aclaró el ex camionero.

Cada dos o tres meses volvía a cruzar los Andes para llevarle dinero a su ahora ex mujer Margarita. Cada vez que llegaba, algún vecino se acercaba para pedirle que lo cruzara a Mendoza. En La Cisterna muchos habían perdido su empleo en las semanas y los meses que siguieron al golpe. “Cuando llegaba mi casa se convertía en una agencia de viajes”, bromeó Aguilera.

Cofré, un empleado de limpieza municipal, fue uno de los tantos que llevó. Siguieron en contacto durante un tiempo, hasta que Aguilera se enteró de que Cofré se había casado con una argentina. “Me terminé enojando porque cada vez que volvía (a Chile), María, su mujer, venía a casa a preguntarme por él y yo no sabía qué decirle.”

En 1992, María del Carmen Cisterna, la esposa de Cofré, denunció ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que su marido fue uno de los desaparecidos de la dictadura y reclamó una indemnización. La comisión corroboró con la Fuerza Aérea la detención de 1973 y, sin más, concedió el beneficio. Cisterna falleció el año pasado.

Para su esposa Cofré había de-saparecido, pero para el Estado chileno no. Según los archivos del Registro Nacional, en marzo de 1995 se presentó ante el consulado de Chile en Mendoza para renovar su cédula de identidad. Le iniciaron el trámite y le emitieron un documento transitorio. No se sabe por qué tardó casi diez años, pero recién en octubre de 2004 Cofré volvió al consulado para reclamar una cédula definitiva. Desconcertados, los funcionarios le entregaron dos fotocopias, una de su acta de nacimiento y otra de su certificado de defunción.

Después de una ida y vuelta de cuestionarios, huellas dactilares y fotos, el Registro Nacional chileno finalmente canceló el certificado de defunción y, en mayo de 2008, el consulado en Mendoza le emitió una nueva cédula de identidad.

Nadie le avisó a la familia ni a la Secretaria de Derechos Humanos; el nombre de Germán Cofré Martínez sigue tallado en piedra en el monumento a los desaparecidos en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

La semana pasada Cofré apareció en la puerta de la casa de su familia y se reencontró con sus hijos. Entonces, según Cofré, se enteró de que había enviudado y que él estaba oficialmente desaparecido por la dictadura.

Al día siguiente Cofré se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos para aclarar su situación. Declaró durante varias horas ante un juez que investiga las fosas comunes donde supuestamente había sido enterrado. Aunque no se conoce todavía el contenido de esa declaración, la noticia del falso desaparecido corrió como reguero de pólvora. Los medios descendieron sobre La Cisterna en busca de testigos.

Además de Aguilera y su actual ex esposa Margarita, un tercer testigo aportó datos sobre Cofré. Se trata de Eugenia Allende, la ex esposa del hijo mayor del matrimonio. Según le dijo a la prensa chilena, un año después de la supuesta desaparición, Cofré mandó carta desde Mendoza prometiéndoles a su esposa e hijos que vendía por ellos para llevárselos a la Argentina. Le pidió a María que vendiera la casa y los muebles y lo esperara. Nunca más se puso en contacto.

Aguilera, Margarita y Allende siguen enojados con el falso desaparecido. “Si te querés separar de tu mujer, te separás, pero no dejás a tus hijos. Yo no le echo la culpa a la señora María, ella fue una víctima de un hombre malo. En este país todos quieren estigmatizarla como alguien que se aprovechó del Estado, pero yo no lo veo así. Al final, el gobierno se hizo cargo de una mujer que tenía que mantener sola a tres hijos”, aseguró Aguilera.

Por su parte, las organizaciones de derechos humanos pidieron una investigación a fondo y deslindar culpas entre la familia y el Estado, pero aún no se ha abierto una causa judicial con este caso.

“Lo que pasó demuestra que no se sistematizan los datos, que no hay voluntad para buscar exhaustivamente en todos los organismos de Estado cuando se requiere información para saber si una persona fue o no víctima del terrorismo de Estado. No se chequea, no se revisa la información y por eso hay muchos cadáveres que siguen sin ser identificados o fueron mal identificados”, denuncia Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Políticos.

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