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Desde México, D. F.
El Congreso del estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, aprobó anteayer la pena de muerte para secuestradores que maten a sus víctimas y acordó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para restablecerla a nivel federal. La iniciativa estatal fue presentada apenas el viernes pasado por el gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, y fue aprobada tres días después sólo con los votos de diputados locales priístas, pese al rechazo del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El primero en celebrar la noticia fue el gobernador Moreira, quien desde el lunes ya venía saboreando la victoria. “La discusión en Coahuila no es la pena de muerte, es cómo los vamos a matar, si los vamos a fusilar, si los vamos a degollar, si los vamos ahorcar o algo ‘light’, que puede ser la inyección letal, pero un desgraciado que hace eso, ¿tú crees que merezca consideraciones?”, había dicho, envalentonado por la mayoría que maneja en el Congreso local.
En México la pena de muerte fue abolida recién hace tres años, aunque no se aplicaba desde 1961. En defensa de su iniciativa, Moreira dejó muy claro que no cree en el sistema penitenciario actual. “Nosotros no creemos en la readaptación de los secuestradores. Quien tiene la enfermedad para planear una actividad de este tipo y después atormentar a una familia para matar a una persona a cambio de dinero es alguien que no tiene capacidad para ello”, había sostenido antes de la votación del jueves.
El delito de secuestro se ha disparado en México en los últimos años y la ejecución de algunas víctimas ha conmocionado al país. Obligó al gobierno federal, a todos los gobernadores del país y a los poderes Legislativo y Judicial a la firma del Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia hace tres meses, cuando el empresario Alejandro Martí, cuyo hijo adolescente había sido secuestrado y asesinado, catalizó el miedo que recorre el país y reclamó a todos los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”.
La semana pasada, otro padre, éste ex funcionario público, cuya hija fue secuestrada hace meses y aún no aparece, explotó contra los servidores públicos: “No tienen madre”, les dijo a los responsables de la seguridad pública nacional que desestimaron todas las pistas. Este año terminará con 1000 secuestros registrados, 31 por ciento más que en 2007 y casi el doble del anterior, según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia.
La iniciativa para reestablecer la pena de muerte en México, promovida desde el estado de Coahuila, que se suma a otra propuesta igual del Partido Verde (el único ecologista de derecha en el mundo), encontró un rechazo generalizado en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Iglesia Católica y múltiples organismos civiles de derechos humanos, académicos y líderes sociales.
Ayer, Cuahtémoc Cárdenas, el veterano dirigente de la izquierda mexicana, lanzó un ataque contra la iniciativa de Coahuila. “Restablecer la pena de muerte, así sea en el caso de un delito tan bárbaro como el secuestro acompañado de asesinato sería retroceder a las épocas más oscuras de la humanidad y a la negación de todo pensamiento lúcido. Además significaría que todos los mexicanos nos reconocemos vencidos, humillados y dominados por la delincuencia.”
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