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Desde México, D. F.
Mientras que el todavía presidente de Estados Unidos, George Bush, advertía a su sucesor, Barack Obama, que México será “la primera línea de lucha” en una guerra inminente con los carteles de la droga, el presidente Felipe Calderón advertía que su administración no dará tregua ni cuartel a los grupos criminales que “durante décadas lograron penetrar a las instituciones y corromper segmentos de la sociedad”.
Para Estados Unidos tal vez la guerra apenas va a empezar, pero en México se libra abiertamente desde hace dos años y ahora el ejército lo ha tomado como un asunto personal tras la ejecución de varios efectivos.
El comandante de la novena región militar, con sede en el famoso puerto de Acapulco, declaró su propia guerra en contra del narcotráfico, luego de que sicarios secuestraron, torturaron, asesinaron y decapitaron a ocho militares y a un jefe policíaco el pasado fin de semana en el estado de Guerrero.
Durante un homenaje el lunes a los militares caídos, el general Enrique Alonso Garrido Abreu aseguró que el crimen organizado cometió “un grave error” al ejecutar a un capitán, tres sargentos, dos cabos y dos soldados, a los que secuestró cuando se encontraban de franco. Fue “un atrevimiento” que representó “una ofensa a las instituciones en su conjunto y especialmente a quienes vestimos el uniforme castrense”.
En la ceremonia encabezada por los secretarios de la Defensa Nacional y de Gobernación, el general Garrido Abreu dijo que “no habrá la más mínima consideración ni concesión, mucho menos descanso, hasta no ver en el lugar que corresponde a esos delincuentes”.
Los cuerpos decapitados fueron encontrados en varias partes de la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, con amenazas hacia el ejército: “Por cada elemento que nos maten, les vamos a matar a 10”, decía una de ellas. Las cabezas fueron abandonadas todas juntas en un centro comercial.
Al día siguiente, Calderón dijo que los responsables son “verdaderos traidores que con tal de ampliar sus intereses son capaces de realizar cualquier barbarie y atentar no sólo contra el tejido social, sino contra los más altos valores de los mexicanos, la vida, la seguridad y la libertad”.
Esta es la ofensiva más violenta que el crimen organizado haya emprendido contra el ejército desde que Calderón sacó a la calle a las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado. Pero lo peor es que el enemigo podría estar en casa. Fuentes castrenses filtraron el dato de que los responsables podrían ser desertores del ejército mexicano, muy posiblemente Zetas, “porque utilizaron códigos militares de combate a guerrilleros que sólo conocen elementos de elite”.
En la Cámara de Diputados, el secretario de la Comisión de la Defensa Nacional, general retirado Roberto Badillo, dijo preocupado: “No estoy de acuerdo con que una provocación deba responderse con un exceso de fuerza innecesario, que en algún momento pueda violar la Constitución”, y advirtió que “la lucha tiene que ser legal y sin radicalizarse. Tengo mucha confianza en que los militares van a responder exclusivamente con la aplicación de la ley”.
Por lo pronto, el ejército peina al menos diez municipios de Guerrero y todos los días de esta semana han llegado al estado más efectivos federales que han tendido un cerco que incluye las fronteras con los estados de Puebla, Oaxaca, Michoacán y Morelos, donde realizan cateos a domicilios en busca de los asesinos. De hecho, la madrugada del martes unos cien efectivos militares se enfrentaron a tiros con un grupo en un barrio del puerto de Zihuatanejo.
Horas antes, el presidente George Bush había declarado al ultraderechista periódico Washington Times que Barack Obama deberá enfrentar “a los carteles de la droga en nuestro propio vecindario”, en alusión a los narcotraficantes mexicanos, recientemente declarados como “la mayor amenaza del crimen organizado contra Estados Unidos”.
Un informe del Centro de Inteligencia Nacional de Drogas reveló la semana pasada que las organizaciones criminales mexicanas surten de enervantes cuanto menos a 230 ciudades estadounidenses y controlan el tráfico y la distribución de cocaína, la producción de metanfetamina y la venta de heroína, a través de socios estratégicos en ese país, mediante el empleo de la tecnología de comunicaciones más avanzada en la frontera entre ambos países “a fin de coordinar su tráfico ilícito de drogas”.
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