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Omar Hassan al Bashir de Sudán se ha convertido en el primer jefe de Estado en funciones al que la Corte Penal Internacional (CPI) le emite una orden de arresto. Los jueces de La Haya ayer lo acusaron de dirigir fuerzas que han estado “asesinando, exterminando, violando y torturando a gran cantidad de civiles en Darfur. Sin embargo, la Corte rechazó el pedido del fiscal de que se presentaran cargos de genocidio contra él, diciendo que había “insuficiente evidencia de intención”.
Anoche todos los ojos estaban puestos en el país más grande de la región oriental de Africa destrozado por guerras, mientras civiles, combatientes y grupos de ayuda humanitaria esperaban la respuesta de Jartum a la acusación de siete cargos en medio de temores a un violento cimbronazo. Hoy se espera en la capital de Sudán una “marcha de mil hombres” para protestar contra la decisión de la CPI, que fue descartada como “neocolonialismo” por un asistente del presidente Bashir. La ONU negó cualquier plan inmediato para retirar a sus 25 mil soldados de paz, pero dijo que estaban en máxima alerta.
El intento por poner al hombre que gobernó a Sudán, los últimos 20 años, en el banquillo de los acusados dividió la opinión en Africa y más allá y lanzó un acalorado debate sobre la paz versus la justicia. Los experimentados observadores sostienen que la decisión de la CPI amenaza con destrozar las esperanzas de una paz negociada en Darfur mientras socava el complejo tratado de paz norte-sur que terminó con la guerra civil más larga del mundo en 2005, que dejó un saldo de dos millones de muertos y cuatro millones de desplazados. El respetado experto Alex De Waal, de Sudán, ha dicho que la orden de arresto “equivale a exigir un cambio de régimen” y dijo que el enfoque es “una apuesta con consecuencias desconocidas y grandes riesgos”.
Los partidarios de la Corte sostienen que ésta lleva a cabo un pedido del Consejo de Seguridad de la ONU para investigar posibles crímenes contra la humanidad en Darfur y su acción podría forzar a Jartum a frenar sus fuerzas, acusado por la CPI de ser responsable de 35 mil muertes violentas. Según las investigaciones de la ONU, al menos 300 mil sudaneses murieron en los últimos cinco años en el conflicto de Darfur y más de dos millones y medio de personas se vieron obligadas a dejar su hogar e instalarse en campos de refugiados.
El presidente Bashir es buscado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en 108 países que reconocen la autoridad de la CPI. Estos firmantes no incluyen a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Rusia y Estados Unidos así como India, la emergente superpotencia económica. También suscita la incómoda perspectiva de que el ex hombre del ejército que tomó el poder en un golpe en 1989 desdeñando a la CPI, vaya a la Asamblea General de la ONU en Nueva York este año.
El argentino Luis Moreno Ocampo, el fiscal general de la CPI que solicitó el arresto, dijo que esperaba que Bashir fuera interceptado y arrestado “en cuanto viaje en espacios aéreos internacionales”. Sudán, que se anticipó al pedido de arresto, inmediatamente señaló su intento de ignorar el pedido de la CPI para arrestar a su presidente. A los pocos minutos de ser emitido el pedido de arresto, el gobierno confirmó que Bashir viajaría a una cumbre de líderes árabes en Qatar este mes. Hablando en una manifestación en Sudán ayer, el presidente sudanés dio una nota desafiante al decir que le podía decir a la Corte “que metiera la orden de arresto en agua y se la bebiera”, un insulto tradicionalmente árabe. Los analistas han advertido que un largo proceso aguarda con un “acuerdo turbio” en perspectiva. Los partidarios occidentales de la CPI tienen menos influencia sobre Jartum, que puede contar con el apoyo de socios comerciales como China y Rusia.
La decisión de perseguir a un jefe de Estado en funciones prueba la credibilidad de la primera Corte Penal Internacional permanente. Anteriormente, la ONU confiaba en tribunales ad hoc para investigar las atrocidades en Ruanda, la ex Yugoslavia y Sierra Leona. Los ex presidentes Charles Taylor, de Liberia, y Slobodan Milosevic, de Serbia y Montenegro, fueron arrestados y llevados ante tribunales pero no mientras estuvieron en el poder.
La atención está puesta en el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene la autoridad de suspender la orden de arresto durante el período de un año –algo que Egipto pidió que lo hiciera–. Muchos en Africa sienten que el continente está siendo apuntado injustamente por la Corte “eurocéntrica”.
* De The Independent de Gran Bretaña. Traducción: Celita Doyhambéhère.
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