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El gobierno de George W. Bush había preparado un estado de excepción, en el cual el Ejecutivo consideraba suprimir garantías constitucionales fundamentales, entre ellas la libertad de expresión, revelación que nutrió llamados de algún tipo de comisión de la verdad para investigar abusos sin precedente del régimen recién concluido.
El senador demócrata Patrick Leahy convocó ayer una audiencia del Comité Judicial que él preside, para evaluar la necesidad de crear una comisión de la verdad no partidista que investigue potenciales abusos y violaciones constitucionales del gobierno de Bush. “No deberíamos temer a descubrir lo que hemos hecho, a hacernos rendir cuentas igual como lo hacemos con otros países que cometen errores”, afirmó Leahy. “Necesitamos llegar al fondo de lo que ocurrió y al porqué. La razón de hacerlo es para que nunca suceda de nuevo.”
El representante demócrata John Conyers, jefe del Comité Judicial de la Cámara, también ha impulsado una iniciativa para establecer algo parecido. Y según una encuesta de USA Today/Gallup realizada en febrero, 62 por ciento de los estadounidenses apoya una investigación criminal o independiente sobre estos abusos.
Por supuesto, las propuestas enfrentan una feroz oposición de líderes republicanos que afirman que sólo sería una cacería de brujas partidista.
Desde que ocupó la Casa Blanca, el presidente Barack Obama ha repetido que prefiere fijarse en el futuro y no iniciar una prolongada investigación de todos los potenciales abusos del Poder Ejecutivo en los últimos ocho años. Sostiene que es mejor corregir estas políticas a partir de ahora, lo cual empezó a hacer al prohibir la tortura y suspender una serie de órdenes ejecutivas ligadas a estas prácticas de su antecesor entre sus primeros actos como presidente. Pero Obama y su procurador general, Eric Holder, también han señalado que buscan ser más transparentes.
Así, este lunes el gobierno de Obama divulgó nueve memorándum de la oficina legal del Departamento de Justicia en los que se revelan justificaciones legales para otorgar al Ejecutivo el poder de ordenar acciones militares dentro de Estados Unidos contra terroristas, la facultad de intervenir comunicaciones de ciudadanos sin autorización judicial, la supresión de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a ciudadanos de cateos y registros de personas sin previa autorización judicial, la supresión de la Primera Enmienda, que garantiza libertad de expresión, incluida la de los medios, la autoridad unilateral para abrogar tratados internacionales e ignorar las Convenciones de Ginebra y emplear la tortura en interrogatorios, entre otras medidas.
El memorándum fechado 23 de octubre de 2001, redactado por el entonces subprocurador general John Yoo en respuesta a una solicitud del entonces abogado de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, y al abogado del entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld, concluyó que no existían restricciones legales al uso de las fuerzas armadas dentro del país en operaciones antiterroristas. Yoo ofreció la justificación que se empleó para casi toda medida de seguridad nacional del gobierno de Bush: guerra contra el terrorismo.
Ahora abogados, ex diplomáticos y ex altos oficiales militares apoyan la idea de una comisión de la verdad. “Ante las pruebas creíbles de que altos funcionarios del gobierno de Bush autorizaron la tortura, un crimen contra la humanidad, lo mínimo que deberemos hacer es llevar a cabo una investigación seria e independiente”, afirmó David Cole, profesor de leyes de la Universidad de Georgetown a The New York Times.
* De La Jornada de México. Especial para Página/12.
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