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Evo Morales expulsó ayer al segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos en su país, a quien acusó de conspirar contra su gobierno. “Hoy día decidí declarar persona no grata a Francisco Martínez, mexicano estadounidense que trabaja en la Embajada de Estados Unidos”, anunció Morales sorpresivamente en una ceremonia de relevo rutinario del mando policial en el Palacio Quemado, sede de la presidencia.
El mandatario boliviano explicó que el diplomático estaba involucrado en toda una serie de actividades contra el gobierno y que operaba como nexo de la CIA. “Martínez fue el contacto permanente con grupos opositores durante toda la etapa de conspiración contra nuestro gobierno”, precisó el mandatario.
Además, Morales también mencionó a Martínez como contacto de la delegación diplomática con ex policías bolivianos que operarían, según él, en el Comando de Operaciones Especiales (Copes), entidad sospechada por el gobierno de espiar ilegalmente a políticos y periodistas.
Tras terminar su discurso, el presidente de Bolivia ordenó a la Cancillería iniciar los trámites para que se efectivizara la salida de Martínez en un plazo de 72 horas.
La respuesta desde Washington no se hizo esperar. Apenas algunas horas después de conocido el anuncio de Morales, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado negando las acusaciones del boliviano y calificando a la medida como injustificada y contraproducente para los esfuerzos de mejorar el vínculo entre ambos países. “Rechazamos las acusaciones realizadas por el gobierno de Bolivia. Esta decisión está injustificada”, sostuvo Andy Laine, portavoz del Departamento de Estado. “La decisión contradice las declaraciones recientes del gobierno de Bolivia, que expresaban su deseo de mejorar las relaciones bilaterales”, agregó el funcionario.
Según Morales, la oposición desplegó en septiembre del año pasado, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, un intento de golpe cívico–prefectural, desatando el saqueo y la toma de varios edificios públicos en los denominados departamentos de la Media Luna, de mayoría opositora al gobierno central. Fue en aquel entonces cuando ocurrió la masacre de Pando, en la que murieron al menos 19 personas.
Recientemente, Morales acusó a la CIA de haberse infiltrado en la estatal petrolera YPFB a través de un ex policía, Santiago Carrasco, con la intención de hacer fracasar el plan de nacionalización de los hidrocarburos llevado adelante por su gobierno.
Pero el último roce con Washington había sido en febrero, cuando el gobierno boliviano calificó de tozuda miopía la visión que transmitía un informe norteamericano en el que Washington expresó su decepción sobre los esfuerzos de Bolivia en la lucha antinarcóticos y el lavado de dinero.
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