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Desde Lima
El gobierno de Alan García sufrió su primera baja política luego del trágico saldo de muertes que dejó la violenta represión policial del viernes último contra una protesta indígena que busca derogar una serie de leyes que promueven la entrega a las transnacionales de amplias extensiones de la Amazonia. Según las cifras que se conocen hasta el momento, hay más de cincuenta muertos, veinticinco de ellos policías, aunque los nativos aseguran que las bajas de su lado serían mayores. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, dimitió de su cargo, expresando su discrepancia por la forma como el gobierno ha manejado “esta situación que ha dejado tantas muertes”. Esta renuncia se produce en momentos en que se multiplican los cuestionamientos contra el gobierno por la matanza de los indígenas y cuando en la Amazonia, declarada en estado de emergencia y militarizada, la situación se mantiene tensa, con varias carreteras y ríos bloqueados por los nativos, quienes han asegurado que, a pesar de la dura represión y la persecución desatada contra sus líderes, se mantendrán en pie de lucha contra el gobierno mientras no se deroguen las leyes que amenazan sus tierras. El principal líder de la rebelión indígena, Alberto Pizango, logró eludir a la policía y el lunes ingresó a la Embajada de Nicaragua en Lima, país que ayer decidió otorgarle asilo político por considerarlo un “perseguido político”. Otros seis dirigentes indígenas también están con orden de captura.
Los nativos aceptaron ayer desbloquear por cuatro horas la carretera que comunica las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto para permitir el pase de camiones que transportan alimentos. Esta decisión bajó en algo la tensión, pero la situación sigue siendo explosiva. La protesta indígena ha ganado apoyo en otros sectores y desde mañana se inicia una huelga indefinida en la Amazonia, la que tiene el respaldo de las organizaciones sociales y laborales. Para mañana también se han convocado marchas “por la vida y la soberanía” en las principales ciudades del país para expresar el rechazo a la represión gubernamental, solidaridad con los grupos nativos de la Amazonia y en apoyo a las exigencias de anular las leyes cuestionadas por los indígenas.
El primer ministro, Yehude Simon, aseguró la ministra Carmen Vildoso, quien no es miembro del gobernante partido aprista, renunció por su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno, en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas que se iban intercalando, se presenta a los nativos amazónicos como “salvajes”, “asesinos feroces” y “extremistas” que siguen “consignas internacionales” para “detener el desarrollo del Perú” e impedir que el país “disfrute de su petróleo”. El aviso publicitario asegura que no hubo represión policial ni enfrentamiento, sino un “asesinato salvaje de policías humildes”.
La renuncia de Vildoso ha sido un gesto solitario de autocrítica en el gobierno frente a la matanza de los indígenas. La tónica oficial ha sido, por el contrario, un discurso confrontativo que acusa a los indígenas de “ignorantes” por oponerse al ingreso de las petroleras y otras transnacionales a sus tierras que el gobierno promueve, y que ha explicado la protesta de los nativos culpando a la oposición y a “intereses extranjeros” de manipularlos. La denuncia del gobierno peruano, que mantiene un agrio enfrentamiento ideológico con Hugo Chávez y Evo Morales, de una supuesta intervención extranjera apunta contra los gobiernos de Bolivia y Venezuela. El vicepresidente boliviano, Alvaro García, respondió que su gobierno no aceptará “la injuria, ni la calumnia, ni la infamia”. El gobierno venezolano también rechazó la acusación. El gobierno de Alan García no ha podido presentar un solo elemento que sustente su denuncia de una intervención extranjera en la protesta indígena. Ayer, en una sesión extraordinaria de la OEA para ver el caso de la matanza de los indígenas peruanos, el gobierno peruano volvió a justificar la represión argumentando que enfrenta una “conspiración internacional”. Pero, una vez más, no sustentó esa afirmación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó “enérgicamente” la represión de los indígenas.
La decisión del gobierno de Nicaragua de otorgar asilo político al líder indígena Alberto Pizango ha caído muy mal en el gobierno peruano, que ahora debe experimentar el malestar por el que hace algunas semanas debieron pasar los gobiernos de Venezuela y Bolivia cuando el gobierno de Alan García otorgó asilo al venezolano Manuel Rosales, dirigente antichavista acusado por corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la llamada “guerra del gas”.
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