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Primero vino la muerte, después el entierro y después el olvido. Y después, un mes y medio después, llegaron los especialistas para desenterrar el cadáver y hacer la autopsia. Los especialistas, en este caso, son cuatro de los siete integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la relatora especial para la Libertad de Expresión de ese organismo.
Esta semana estuvieron en Honduras para auscultar el cuerpo social y preparar un informe sobre la muerte de su democracia. No fue un trabajo difícil para veteranos acostumbrados a escuchar a familiares de desaparecidos argentinos, a indígenas bolivianos en condición de servidumbre y a sobrevivientes de las masacres de los paramilitares colombianos.
La causa de muerte de la democracia hondureña estaba cantada: golpe de Estado. Hace un mes y medio militares hondureños secuestraron al presidente electo y lo echaron del país. Así, fulminante, como un ataque al corazón.
La comisión lo explica en términos clínicos:
“Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras”.
Después de un golpe, lo demás es casi automático. El gobierno de facto nace sin legitimidad y sin posibilidades de legitimarse por la vía natural de las urnas. Entonces debe hacerlo a través de la represión, suprimiendo los anticuerpos democráticos. A medida que la resistencia va muriendo, la represión afloja un poco y entonces es posible acercarse al cadáver, que luce desgarrado y deformado, y que huele a putrefacción.
Después de cuatro días de viajes y reuniones por todo el país, en combi y helicóptero, después de abrir una oficina para recabar denuncias en el Hotel Intercontinental, después de hablar con golpistas y golpeados, represores y reprimidos, los especialistas informaron lo que vieron con la asepsia propia del lenguaje diplomático:
“La Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. De particular gravedad es la muerte de cuatro personas (foto) y varios heridos de arma de fuego... La Comisión recibió información que podría vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado”.
Jamás lo pondrá en sus informes, pero hasta el forense más curtido se conmueve ante un cuerpo tan mutilado. Este cronista habló con dos miembros de la delegación antes de que partiera de Tegucigalpa. ¿Quieren saber lo que vieron? Vieron a una mujer de 25 años que fue detenida el 14 de agosto en medio de una manifestación en San Pedro Sula y llevada a un baldío, donde fue violada consecutivamente por cuatro policías.
Vieron que los policías golpeaban a los manifestantes hombres pero manoseaban a las manifestantes mujeres, mientras les gritaban qué estaban haciendo ahí, en vez de estar cocinando o cuidando a sus hijos.
Vieron a un hombre con la cara deformada que dijo que se había arrodillado con las manos en la nuca en señal de rendición en una marcha en El Paraíso, y que en esa posición lo molieron a culatazos.
Pudieron comprobar la militarización de la sociedad hondureña, especialmente de las alcaldías y las escuelas de los pueblos del interior, donde el gremio docente encabezó la resistencia. Vieron los retenes militares donde fueron fusiladas tres de las cuatro víctimas fatales del golpe. Vieron a jueces cobardes que avalaron lo actuado y a jueces valientes que intentaron, hablar con los prisioneros de los militares, pero fracasaron en el intento.
Vieron a decenas de personas que fueron golpeadas y torturadas en el sótano del Congreso, y que luego fueron juzgadas por “terrorismo”. Vieron que los militares prestaron apoyo a las fuerzas policiales en tareas represivas, y que las de elite Cobra fueron la fuerza de choque utilizada para romper las manifestaciones.
Vieron a periodistas amenazados por el régimen, que contaron cómo los militares tomaron una antena de televisión y cortaron el cable para censurar las transmisiones de Telesur y CNN en las horas cruciales que siguieron al golpe.
Vieron que miles de personas fueron detenidas arbitrariamente con la excusa del toque de queda, que ya no rige en la capital porque ya no hace falta. Vieron aparecer a un desaparecido, de apellido Armendáriz, que no había sido visto desde que la policía se lo llevó después del golpe.
Vieron que la presión económica y diplomática funciona pero no alcanza, y vieron que la restitución del presidente legítimo Manuel Zelaya para lo que queda de su mandato es casi una utopía. Vieron que en dos semanas empieza la campaña electoral y que la participación popular en esa campaña servirá para legitimar al régimen que la promueve.
“La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas”, advierten los comisionados.
¿Tiene sentido pedirle a un asesino que no siga matando? ¿Vale la pena hacer la autopsia, si la autopsia no lleva a la cárcel a los culpables de esa muerte?
El comisionado argentino Víctor Abramovich dice que sí. Además de los liberados, del aparecido, de los retenes que se levantaron para no empañar la visita, de las manifestaciones que no fueron reprimidas por la misma razón, además de los que hicieron fila en el hotel para que finalmente alguien los escuche, el especialista citó otra razón. “Acá todos los medios dicen que no hubo golpe, sino una sucesión constitucional. Que vengamos nosotros y digamos que hubo un golpe es muy importante”, señaló.
La muerte de una democracia es una muerte contagiosa. Primero infecta a los organismos multilaterales que no pudieron impedirla ni revertirla, después el virus suele prender en el vecindario.
Primero la muerte, después el olvido, después el lamento tardío. Hay gente dentro y fuera de Honduras que sigue luchando para mantener vivos la memoria del fallecido y el sueño de su resurrección. Otros apenas cumplen con el ritual de masajear el corazón del muerto, sabiendo que no servirá de nada. Otros dan vuelta la cara para no espantarse.
La semana que viene llega a Honduras una delegación de seis cancilleres en representación de la OEA. Su objetivo de máxima parece ser la remoción del dictador Goriletti y su reemplazo con un títere del régimen, lo que ellos llaman “la solución intermedia” al Plan Arias. El Plan Arias, vale recordar, se había vendido como “la solución intermedia” a la vuelta de Zelaya. Pero la restitución del presidente legítimo es la única cura posible, la única medicina que receta ese vademécum de la OEA que se llama Carta Democrática.
Por eso, por más que lleguen llenos de bríos y cargados de buenas intenciones, los cancilleres ya lo saben, o lo deberían saber. El muerto está frío, la autopsia está hecha y sólo les queda cumplir con el trámite de firmar el certificado de defunción.
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