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Desde Lima
Se declaró culpable de todos los cargos de corrupción y espionaje telefónico en su contra, pero cuando escuchó la sentencia –que le rebajaba la pena de ocho años a seis debido a su confesión– el ex presidente Alberto Fujimori anunció que apelará su condena. El tribunal elevó la reparación civil pedida por la fiscalía y la fijó en una cifra equivalente a unos nueve millones de dólares. Con esta sentencia culmina un largo proceso judicial, que incluyó cuatro juicios y se inició hace dos años, cuando el ex dictador peruano fue extraditado de Chile en septiembre de 2007. Fujimori se había fugado del Perú en noviembre de 2000, en medio de graves acusaciones de corrupción y de una re-reelección fraudulenta unos meses antes, y renunció a la presidencia vía fax desde Tokio, donde se refugió al amparo de su nacionalidad japonesa. Hasta que decidió viajar a Chile y terminó extraditado al Perú.
Los juicios a Fujimori, que fueron televisados en directo, han significado un hito histórico en el país. Fujimori, que entre 1990 y 2000 encabezó un régimen autoritario que impuso un rígido programa neoliberal en medio de una inmensa corrupción, ha sido condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, que incluyen el secuestro y ejecución extrajudicial de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, el asesinato de 15 personas, entre ellas un niño, en una modesta vivienda de Barrios Altos, en el centro de Lima, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer; a siete años y medio por entregarle 15 millones de dólares de los recursos públicos a su socio en el poder, Vladimiro Montesinos; a seis años por el allanamiento ilegal de la casa de Montesinos para desaparecer videos y documentos que lo comprometían en actos ilegales; y a otros seis años por sobornar a congresistas y medio de comunicación, y por espiar las conversaciones telefónicas de sus opositores. En total, 44 años y medio de condena por delitos de lesa humanidad y corrupción. Pero como en el Perú las penas no se acumulan, Fujimori, de 71 años, deberá cumplir solamente la mayor de sus condenas: 25 años.
El ex dictador cifra sus esperanzas de una pronta libertad en un triunfo de su hija en las elecciones presidenciales de 2011. Keiko Fujimori, de 34 años, tiene como principal bandera de su campaña electoral el indulto a su padre. Los sondeos la ubican hasta ahora en segundo lugar, con 16 por ciento, uno menos que el alcalde de Lima, el derechista Luis Castañeda. Keiko Fujimori juega a cosechar votos victimizando a su padre y con un discurso que resalta la “mano dura” del régimen fujimorista contra la guerrilla. También espera ganar apoyo en las poblaciones pobres, en las que su padre desarrolló una amplia política clientelista. Pero el techo electoral de la heredera política de Fujimori puede ser bajo: cerca de un 70 por ciento considera a su padre culpable de violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Esperanzado en el indulto que le daría su hija, Fujimori tiene como prioridad evitar a toda costa afectar sus aspiraciones electorales. Por eso decidió declararse culpable, con todo el costo político que eso tiene, en los juicios por corrupción en su contra, evitando así un daño mayor: la exposición mediática de un proceso penal que expondría ante todo el país los detalles del manejo corrupto que caracterizó su gobierno, lo que podría comprometer directamente a la propia Keiko, cuyos estudios en Estados Unidos se pagaron, según una investigación fiscal, con dinero que su padre robó del Tesoro público.
Mientras sueña con un triunfo electoral de su hija para salir en libertad, Fujimori pasa sus días pintando, cultivando el jardín que tiene al lado de su prisión personal y reuniéndose cada vez que quiere con los dirigentes de su movimiento político en la celda VIP de un cuartel policial que le ha dado el presidente Alan García, con quien los fujimoristas se han entendido muy bien.
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