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Colombia y Estados Unidos formalizaron ayer el acuerdo que permitirá que militares y contratistas estadounidenses utilicen siete bases localizadas en suelo colombiano para hacer operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico, convenio que fue rechazado por países de la región.
La firma del texto, llamado oficialmente “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad”, se realizó en privado en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y lo suscribieron el canciller Jaime Bermúdez; los ministros de Defensa, Gabriel Silva, y de Interior y Justicia, Fabio Valencia, y el embajador de Estados Unidos en esta ciudad, William Brownfield.
Los soldados de Estados Unidos apostados en Colombia no superarán los 800 y los contratistas los 600, número que fue autorizado en el año 2000 con la firma del Plan Colombia. Este plan contemplaba una estrategia de lucha antidrogas que luego se amplió a la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “El objetivo de este acuerdo no es aumentar el número de personal militar de Estados Unidos”, dijo Bermúdez. “Lo que se busca es contar con herramientas de cooperación técnica para ser más eficaces en las comunicaciones, en los mecanismos de inteligencia” para la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas, dijo el ministro.
El canciller señaló que la cifra de estadounidenses en Colombia no llega hoy en día a los 220 militares y 400 contratistas, y por el contrario se espera que ese número se reduzca porque el convenio trata sobre todo de asuntos de cooperación técnica.
Además Bermúdez consideró que “en la medida en que Colombia sea eficaz en esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, vamos a beneficiar no sólo a todos los colombianos sino a toda la región y al mundo entero”.
El documento “va a ser público la semana entrante. Yo mismo estoy firmando una carta para todos los cancilleres de la región, hablando del ánimo que tenemos de tener las mejores relaciones” y manifiesta que el interés de Colombia es derrotar el narcotráfico y el terrorismo.
“Aquí no estamos trayendo soldados norteamericanos para combatir en Colombia, aquí no va a haber personal de combate con carácter ofensivo de los Estados Unidos, es cooperación técnico-militar”, señaló Bermúdez. “No vamos a ver un número inusitado de personal militar norteamericano ni aviones norteamericanos en exceso. Lo que vamos a ver es lo que ya hemos visto en este tiempo”, dijo al reiterar que la presencia de personal militar de Estados Unidos en Colombia entre permanente y temporal “no excede los 230 militares”.
La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, para la cual el Congreso de Estados Unidos aprobó la suma de 46 millones de dólares para su adecuación, será el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrán acceso, según establece el acuerdo anticipado por ambos gobiernos en semanas pasadas. Las unidades militares son las bases del ejército en Larandia (Caquetá, sur) y Tolemaida (Cundinamarca y Tolima, centro); las aéreas de Malambo (Atlántico, norte), Palanquero (Cundinamarca, centro) y Apiay (Meta, sur), y en las bases navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.
Sin embargo, el documento establece que los estadounidenses podrán utilizar las unidades que requieran para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo previstas en este acuerdo, que tendrá una vigencia de diez años “renovables”.
Con este acuerdo, que Bogotá presentó como complementario a uno global de cooperación en vigencia desde 1974, Washington busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue renovado por el gobierno de Correa.
El Consejo de Estado, en un estudio jurídico del acuerdo firmado ayer, dijo que ese convenio deja a Colombia en condición de cooperante de Estados Unidos, que decidirá las tareas que se deban realizar, y recomendó que sea estudiado por el Congreso antes de su aprobación. Sin embargo, el gobierno del presidente Alvaro Uribe consideró que este documento no debe ser sometido a la discusión y aprobación del Congreso nacional.
Por su parte, el embajador Brownfield advirtió el jueves que, en su caso, es obligación legal ponerlo a consideración de los comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Los homólogos sudamericanos de Bermúdez habían pedido conocer el texto, en una reunión celebrada el 28 de agosto en Quito con los ministros de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
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