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Desde México, D. F.
Luego de tres años de escarceos, en los que la política había quedado relegada, primero por la guerra contra el crimen organizado y luego por la severa recesión económica de este año, el presidente Felipe Calderón (foto) presentó ayer una ambiciosa iniciativa de reforma política que, para muchos, es una suerte de mea culpa por el supuesto fraude electoral que lo llevó al poder hace tres años, y propuso la celebración de una segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la República.
La doble vuelta en la elección presidencial seguiría la tendencia de muchos países latinoamericanos que la practican desde hace tiempo. Si esta figura hubiese existido en 2006, Calderón tendría que haber competido en una segunda vuelta con Andrés Manuel López Obrador, a quien sacó una ventaja de poco más de medio punto porcentual, en lugar de haberse convertido en un presidente deslegitimado, con apenas poco más de un tercio de los votos totales.
Calderón arremetió también contra uno de los más grandes tabúes del siglo XX en el país: la no reelección. Así, pretende que alcaldes y demás miembros de ayuntamientos, los jefes delegacionales en la capital del país y los diputados federales y senadores puedan elegirse en forma consecutiva hasta un límite de 12 años en esos cargos.
En contraste, intenta eliminar la cuarta parte del Senado (32 escaños) y la quinta parte de la Cámara de Diputados, que pasaría de 500 a 400 legisladores, de los cuales 240 serían electos por mayoría relativa y 160 por representación proporcional. Aun cuando su propuesta no lo especifica, esto implica rediseñar la geografía política del país, pues actualmente 300 diputados son electos de forma directa.
La iniciativa afecta también a los partidos políticos minoritarios, a los que duplica la cantidad de votos mínimos requeridos para conservar su registro: o captan el 4 por ciento de la votación nacional o desaparecen.
Asimismo, incorpora la figura de “iniciativa ciudadana”, que permitiría a las personas proponer iniciativas de ley, y crea las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular. Actualmente, la única vía para acceder al poder en México es a través de candidaturas de partidos políticos legalmente registrados. También quiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.
La propuesta de la administración derechista contempla facultar al Poder Ejecutivo para presentar dos iniciativas preferentes al año que deberán votarse antes de que concluya el período ordinario de sesiones. En caso contrario, se considerarían aprobadas. Los alcances de esta medida fueron cuestionados de inmediato. Y es que, por ejemplo, si hubiese estado en vigor en este momento, toda la reforma política que Calderón presentó ayer en el Senado tendría que haber sido estudiada, discutida, calificada y, en su caso, aprobada o rechazada ayer mismo, por tratarse del último día del período ordinario de sesiones. Un verdadero despropósito, según coinciden todos los analistas.
Por si fuera poco, Calderón también pretende facultar al Ejecutivo para hacer observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación, y establece la figura de la “reconstrucción presupuestal”, un mecanismo para componerle la plana a la Cámara de Diputados, única facultada para decidir el monto y destino de los recursos públicos en México.
Por lo pronto, en el Senado se anunció que todo este paquete será revisado hasta febrero, cuando termine el receso legislativo.
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