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Desde Santiago
Uno de los primeros conflictos que se le vienen a Sebastián Piñera, el recién electo presidente de Chile, tiene que ver con la empresa estatal que más aporta al fisco: La Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor productora de metal rojo del mundo y a la cual el mundo privado le tiene hambre desde hace tiempo. Más si entre 2006 y 2009 aportó al erario unos 25 mil millones de dólares, es decir, gran parte de la obra social impulsada por Michelle Bachelet descansa en la producción de las cinco divisiones que la estatal mantiene entre la II y VI región de Chile.
Un día después de ganar el ballottage, Piñera sostuvo una reunión con la prensa extranjera acreditada en Chile. Ahí, el hasta hoy inversionista mayoritario de LAN y Colo Colo sostuvo que la Codelco necesita “cambios muy profundos”. Y si bien aseguró –como en toda la campaña presidencial– que la compañía seguirá siendo estatal, no fue claro al definir si eso significa abrir o no algún porcentaje a la Bolsa, como lo han planteado sus asesores y él mismo en reuniones pasadas con empresarios, situación que ha sido rechazada transversalmente por la Concertación y los trabajadores.
“En los últimos tiempos, la Codelco ha perdido efectividad y eficiencia. Necesita nuevo impulso y para eso va a requerir nuevos capitales”, sostuvo Piñera según divulgaron los medios extranjeros. Acto seguido, detalló que para tales fines, el Estado entregará esos capitales a través de la retención de utilidades de la empresa y de la modificación de la Ley Reservada del Cobre, que descuenta para las Fuerzas Armadas de Chile el 10 por ciento de los ingresos brutos de la compañía. Un dato, sólo en los últimos cuatro años, esto significó unos 5 mil millones para las ramas castrenses. La declaración no pasó desapercibida en el Ejército. Si bien ayer el comandante en jefe de las ramas castrenses, Oscar Izurieta, acudió a saludar al presidente electo de manera protocolar en la acomodada residencia que Piñera mantiene en Las Condes, un coqueto barrio de Santiago, a la salida del encuentro, el militar dejó en claro que el tema será complejo.
Izurieta puso como condiciones para derogar la vieja ley impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet que exista plurianualidad real, es decir, que las compras de sistemas de armas se planifiquen a 12 años y se subdividan en cuatro; que los recursos se aprobarán año a año; que se impulse un fondo de contingencia que permita enfrentar emergencias y que se solucione el déficit estructural actual de las Fuerzas Armadas chilenas.
En ese sentido, el militar recordó que las decisiones finales no pertenecen a las instituciones armadas, sino a quienes legislan.
La polémica ley data de 1958, cuando el gobierno de la época estableció un impuesto de 15 por ciento a las utilidades de empresas mineras para crear un fondo de equipamiento a las ramas castrenses. Sin embargo, durante la dictadura de Pinochet, el cuerpo legal se modificó y se estableció el tributo del 10 por ciento de las ventas del cobre y de los subproductos de la Codelco a las FF.AA. Los recursos deben ser depositados en dólares en una cuenta en el Banco Central para así financiar las compras militares.
Para la administración de Bachelet, la derogación de la ley es emblemática, porque implica terminar con una herencia de la dictadura, profundizar la democracia y dar un sello definitivo al rol institucional de las Fuerzas Armadas. Además de liberar a la Codelco de esa carga que ha terminado por afectar muchas veces la valorización de la compañía y su clasificación de riesgo. La iniciativa busca también responder a las críticas por el carácter reservado del gasto militar chileno, que no sólo han surgido en Chile, sino que también en países vecinos como Perú.
En la actualidad, la normativa se discute en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados del Congreso nacional.
Pero no sólo los militares están preocupados. El presidente de los mineros de la Codelco, Raimundo Espinoza, que lidera la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) que aglutina a más de 18 mil personas, rechazó de plano la entrada de capitales externos a la propiedad de la empresa. A esto debe sumarse que la propia FTC llamó a sus miembros a no votar por Piñera, pues consideraban nefasto la llegada de la derecha al poder.
Espinoza, un dirigente socialista heredero de una vieja tradición sindical que viene desde los tiempos del ex presidente Salvador Allende, mandatario que nacionalizó el cobre en 1971, expropiando los yacimientos a las grandes transnacionales, en especial a empresas estadounidenses.
Conscientes del poder que tienen y de la importancia del cobre en la economía chilena, la fuerza sindical minera ha sido dura y contestataria. De hecho, fueron los mineros de Chuquicamata –el mismo lugar que conmovió al Che Guevara en su primer periplo por Sudamérica– los únicos trabajadores que pararon sus faenas en plena dictadura. Tan fuerte fue su movimiento que ni el propio Pinochet con toda su represión pudo disolver la histórica manifestación a principios de los ochenta.
“El presidente electo debe informarse bien. Codelco sigue siendo la primera empresa productora de cobre de Chile y del mundo. Si hay respeto y diálogo el mundo sindical estará disponible para conversar y buscar acuerdos equilibrados satisfactorios para las partes. Si por el contrario, la voluntad política de las nuevas autoridades del país, es privatizar parcialmente Codelco, atomizar el mundo sindical, frenar el desarrollo de la empresa o cercenar nuestros derechos, tenemos principios sólidos y clara conciencia de lo que es justo hacer sin ninguna vacilación”, sentenció Espinoza, en un adelanto de lo que se viene en materia laboral para el futuro gobierno de Chile. Como decían los propios mineros ayer en los yacimientos: “Otra cosa es con guitarra”, en alusión a que la hora de la verdad llegó para la derecha.
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