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Desde Santiago
La primera semana de gobierno de Sebastián Piñera en Chile tuvo más de amargo que dulce. “Vamos a establecer una economía de guerra... austeridad hasta que duela”, sentenció ayer el mandatario, preparando el terreno para ajustes y hasta aumentos de impuestos. Su inicio en La Moneda no fue ni será fácil. Si bien el viernes tomó la iniciativa junto a sus ministros con el “Levantemos Chile”, iniciativa que busca recuperar con urgencia colegios y reactivar el empleo en las regiones más afectadas por el terremoto, el mandatario también sufrió un revés político de proporciones.
A sólo unos días de que La Moneda designara como gobernador de la provincia del Bío Bío (una de las más sacudidas por el movimiento sísmico) a Miguel Steigmeier, tuvo que echar atrás ese nombramiento. Fue porque el viernes se publicó que Steigmeier era miembro del “círculo de hierro” de Paul Schäfer y lo habría ayudado a lavar dinero de la ex Colonia Dignidad. Tras reunirse con el denunciado, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter reconoció que al menos parte de la información era real. “Le he informado a Steigmeier que he dejado sin efecto la intención de designarlo como gobernador de la provincia del Bío Bío –explicó y aclaró– y quiero señalar enfáticamente que no somos tribunales de Justicia, nosotros somos un gobierno y adoptamos decisiones políticas, y no pronunciamos sentencias judiciales.” Agregó que no existen sentencias judiciales ni auto de procesamiento contra Steigmeier, pero que “existen antecedentes que a juicio nuestro, en lo que concierne a una nominación de exclusiva confianza del presidente de la República, no se cumplían los requisitos para que la persona asumiera el cargo”.
En medio de ese terremoto político fue que Piñera cambió el foco de atención mediático y declaró que para enfrentar la reconstrucción del país tras el sismo del pasado 27 de febrero será necesario aplicar una “economía de guerra” y llevar a cabo una “profunda austeridad” en materia de gastos públicos. En detalle, el todavía dueño de LAN y Chilevisión sostuvo que para financiar la reconstrucción del país será necesario un recorte general del gasto en partidas correspondientes a los bienes de consumo, compra de equipos y maquinarias en todos los ministerios de un cinco por ciento. Para ello, el gobierno aplicará la ley de sismos y catástrofes que data desde 1965. Esto, junto a la suspensión de programas de menor importancia, permitirá alimentar el fondo de reconstrucción en aproximadamente 733 millones de dólares.
En un tema relacionado, un análisis realizado por el director del Banco de Inversiones IM Trust señaló que estima la restauración del país en ocho mil millones de dólares, es decir, el 5 por ciento del PIB o el 10 por ciento de todas la zonas más afectadas por la catástrofe, cifras menores a las proyectadas por la nueva administración.
Sin embargo, Piñera defendió la estimación del gobierno sobre las pérdidas tras el terremoto y justificó la cifra de 30 mil millones de dólares que calculó el Ejecutivo. “Quiero ser muy preciso. El daño bruto total del sector público y del sector privado que afectó a nuestro país, producto del maremoto o del terremoto, lo hemos estimado en una cifra cercana a los 30 mil millones dólares”, dijo Piñera saliendo al cruce de IM Trust.
“Hasta ahora no he visto la posibilidad de un detalle que nos permita comparar, veo solamente titulares de diarios o cifras agregadas. En nuestro caso tenemos un detalle sector por sector y región por región que nos permite llegar a este cálculo”, añadió, al tiempo que aseguró que la existencia de seguros comprometidos va a ayudar a mitigar los gastos fiscales, ya que el gobierno tiene una estimación de entre 5 mil y 8 mil millones de dólares que cubrirían los seguros.
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