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Siguen llegando noticias escalofriantes desde Honduras. Hace tres semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había denunciado que existe una acción coordinada de fuerzas represivas para secuestrar, violar, torturar y asesinar a los hijos e hijas de militantes del Frente para la Resistencia. Ahora nos enteramos del asesinato de tres periodistas en la primera quincena de marzo. Y cómo los mataron.
El viernes se sumaron dos nuevas muertes. Los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez aparecieron baleados dentro de un auto cuando regresaban a la ciudad de Julticalpa, en el departamento de Olancho. Venían de la ciudad vecina de Catacamas de transmitir un programa de radio.
Según denuncia un grupo de organizaciones de derechos humanos europeas, casi treinta balazos de AK-47 contra Nahúm Palacios, más de cuarenta tiros a Joseph Ochoa y, ejecutado “en similares circunstancias que las de Palacios”, David Meza Montecinos.
El caso Nahúm Palacios da una idea del nivel de impunidad de que gozan las fuerzas represivas.
“El pasado domingo, 14 de marzo, a las 11 de la noche fue asesinado el periodista Nahúm Palacios, quien fue director del Canal 5 de televisión en el Aguán. Según fuentes policiales, los criminales le asestaron casi treinta balazos de AK-47 antes de que llegara a su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, mientras conducía su vehículo. La persona que lo acompañaba fue gravemente herida. Desde el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, Nahúm Palacios había sido víctima de múltiples amenazas y atropellos por parte de los militares de la zona, en particular por el mismo capitán tercero de la Base Naval de Castilla, quien además ordenó la detención de cuatro miembros de Televisora del Aguán, Canal 5, tal como fue documentado posteriormente en el informe que entregamos el 7 de agosto del 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, por su parte, exigió al Estado hondureño decretar medidas cautelares de protección a favor del periodista Palacios. En su informe del 20 de enero del 2010, la CIDH hizo referencia explícita al caso de Nahúm Palacios y el Canal 5 en los siguientes términos: “En el departamento de Colón, al menos dos canales fueron obligados a cortar su transmisión por varios días. Tal fue lo que sucedió con el Canal La Cumbre y Televisora de Aguán, Canal 5. Nahúm Palacios, director de Canal 5, relató a la CIDH que el 28 de junio “varios miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al canal” y lo “obligaron a cortar la transmisión”. Durante los últimos días, Palacios transmitió vasta información sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán.
La noticia sale de un comunicado de organizaciones humanitarias encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México. No se lee en los grandes diarios, sino que aparece, entre los correos basura, en la casilla de esta columna.
El caso de Ochoa está también lejos de esclarecerse. El blanco del ataque del 5 de marzo aparentemente era la persona que viajaba con él y que resultó gravemente herida, Karol Cabrera, una conductora televisiva que había apoyado el golpe de Estado. Pero la conductora también había sufrido el asesinato de su hija en diciembre y en ese caso, que tampoco se esclareció, los investigadores no encontraron pruebas de una motivación política. Por eso no queda claro si el asesinato de Ochoa está relacionado con la periodista que lo acompañaba, o si está vinculado con los problemas familiares de la periodista, aunque Cabrera culpó a “partidarios de Zelaya”, en referencia al presidente derrocado.
En el mismo día en que sucedió, el caso Ochoa fue denunciado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York. Lamentablemente, el asesinato de Nahúm Palacios no recibió el mismo tratamiento por parte del CPJ, pese a que en el caso de Palacios la relación entre su muerte y su trabajo de periodista es clarísima, mucho más que en el caso de Ochoa.
A esta altura, lo menos que puede decirse de este régimen que gobierna Honduras es que nació en terapia intensiva y sobrevive con pulmotor. Cuando el gobierno de Estados Unidos decidió avalar las elecciones de noviembre pasado, debió saber que hoy gobernarían los sectores que llevaron adelante el golpe y que buscarían continuar con la política estatal de represión abierta y clandestina que tantos resultados les trajo durante la dictadura. Debió saber también que esa política represiva, a la larga o a la corta, genera respuestas.
¿Qué otra cosa puede esperarse de un gobierno elegido bajo estado de sitio y con el presidente legítimo encerrado en una embajada rodeada de milicos? Pero da la impresión de que lo único que le importa a Washington es el compromiso del presidente Porfirio Lobo de retirarse de Petro Caribe y el ALBA, esto es, borrar cualquier vestigio de chavismo en el país, esto es, frenar a cualquier costo la expansión del chavismo en la región, como si fuera una remake de la Guerra Fría y su triste capítulo centroamericano. Por eso presiona a sus clientes centroamericanos para que pidan la readmisión de Honduras a la Organización de los Estados Americanos. Por eso deja hacer a Lobo y a su secretario de Seguridad de super-mano dura, Oscar Alvarez.
Resultado: el periodista de la Resistencia Nahúm Palacios muere bajo una lluvia de balazos, pagando el precio de haberse atrevido a denunciar la censura ante un organismo internacional. Tres periodistas acribillados a balazos en menos de un mes.
Podría llamar la atención que ante semejante agresión, para colmo en las narices de la CIDH, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no haya encontrado tiempo para pronunciarse. Sin embargo, el organismo que nuclea a los grandes medios de la región, empezando por los estadounidenses, parece priorizar otras libertades por encima del derecho a no ser asesinado por expresar una opinión. Denuncia regularmente a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, a veces con razón, de atropellos a sus empresas y sus periodistas. La página web de la SIP está llena de información sobre esos países. Pero sólo le dedica dos párrafos a la situación en Honduras en un informe colgado hace doce meses. La mención es para el asesinato del periodista Carlos Salgado, ocurrido un año y medio antes del golpe, por razones aún desconocidas. En ese caso la SIP, tardíamente y sin demasiadas precisiones, decidió “requerir a las autoridades que profundicen y avancen en las investigaciones del asesinato de Carlos Salgado hasta dar con los culpables intelectuales y materiales y conocer los móviles del crimen; así como a garantizar la seguridad de los periodistas”. Salgado era un locutor radial, comentarista y humorista que molestaba a muchos políticos, incluyendo a Manuel Zelaya, el entonces presidente que luego sería derrocado por el golpe.
Está muy bien que la SIP lo recuerde, pero su página web nada dice de la feroz censura y represión desatada por el golpe de junio del 2009, empezando con la alevosa toma militar de estaciones de radio y televisión que criticaban a los golpistas, la descarada represión y detención de los periodistas que cubrían las protestas, y la grosera interrupción de señales internacionales en el mismo momento en que el dictador Goriletti usurpaba el poder. Tampoco dice nada sobre la seguidilla de asesinatos que inauguró la presidencia de Lobo.
Tampoco parece importarles demasiado a las organizaciones para la defensa de los periodistas que afloraron en los últimos años en la región, tanto las que reciben financiamiento del Departamento de Estado estadounidense como las más independientes.
Y los poderes que apuntalan al gobierno hondureño no hacen nada y los grandes medios no dicen nada mientras mueren en Honduras los hijos e hijas de los militantes de la Resistencia. Y mientras mueren, también, los periodistas que denuncian esas muertes. Y siguen. Y no pasa nada.
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