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La gobernadora de Arizona aprobó la ley antiinmigración y las críticas de grupos hispanos norteamericanos y de sus vecinos de México y Centroamérica no se hicieron esperar. “El gobierno de Guatemala lamenta que esta normativa haya sido aprobada y coincide con el presidente estadounidense, Barack Obama, en que este tipo de leyes amenazan las nociones básicas de justicia”, sentenció en un comunicado la Cancillería de ese país. Desde México, la reacción fue similar. “La ley obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona”, advirtió la canciller mexicana, Patricia Espinosa.
La nueva ley, promulgada anteanoche, autoriza a la policía del estado de Arizona a detener, interrogar y exigir documentos a las personas que los agentes consideren sospechosas de ser inmigrantes indocumentados. En un estado en el que casi el 30 por ciento de la población son de origen latino –más de 1,8 millones–, las confusiones pueden ser muchas. El Estado de Arizona estima que actualmente existen alrededor de 420 mil inmigrantes ilegales en ese estado fronterizo con México.
“La nueva ley lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país”, advirtió en otro comunicado el Fondo mexicano-estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por sus siglas en inglés). La ONG adelantó que presentará una demanda contra la ley en los tribunales estadounidenses. Lo mismo piensa hacer el presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, William Sánchez. “Millones de latinos en todo el país están conmocionados y tenemos que hacer algo”, explicó Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30 mil iglesias evangélicas en todo Estados Unidos, incluidos 300 pastores hispanos en Arizona.
La ley tomó fuerza en la Legislatura de Arizona y entre sus ciudadanos después de que un ranchero fuera asesinado, supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas. En cualquiera de los dos casos, los sospechosos están relacionados con la falta de control en la frontera con México. “No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas”, se justificó la gobernadora republicana Jan Brewer, luego de firmar la ley. “Los ciudadanos en todo el país miran cómo Arizona aplica esta ley y hay quienes están listos a saltar ante la menor equivocación”, agregó.
Pero la explicación de la gobernadora no dejó contento ni al presidente norteamericano, que ya había advertido que ése no es el camino para enfrentar el problema de la inmigración, ni a los gobiernos de México y Centroamérica, países de origen de la mayoría de los millones de inmigrantes ilegales latinos en Estados Unidos. “Nos están pisoteando, están abusando de nuestra gente”, se quejó el canciller hondureño Mario Canahuati, quien ayer partió hacia Washington para negociar un programa de beneficios migratorios.
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