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Desde Santa Cruz
El gobierno de Evo Morales logró controlar los conflictos que tenía con la Central Obrera Boliviana (COB) por el aumento de salarios y con los pobladores de Caranavi, en La Paz, por la ubicación de una planta procesadora de cítricos. En el primer caso, pactó con algunos sectores de los trabajadores y se aseguró escasa participación en las protestas. En el segundo, el presidente decidió invertir dos millones de dólares más en otra procesadora, así los municipios de Caranavi y Alto Beni tendrán cada una la suya. Ahora Morales puede pensar en su cita con el papa Joseph Ratzinger la semana próxima, cuando los indígenas del Oriente boliviano planifican iniciar una marcha contra su gestión.
El acuerdo entre la COB y el gobierno se celebró en una escuela de Panduro, una localidad de Oruro adonde habían llegado los que marchaban hacia la ciudad de La Paz. Reclamaban más que el 5 por ciento de aumento decretado por Morales el 1º de mayo pasado, cuando se inició este conflicto. Pero la pelea se veía venir desde enero, cuando se supo extraoficialmente que los salarios crecerían un 7 por ciento. En ese momento los trabajadores comenzaron a exigir que fuera del 12 por ciento, lo mismo que el año pasado. Otros sectores, como el magisterio, piden que sea del 25 por ciento. El gobierno los tildó de “trotskistas”.
En Panduro, la COB se reunió con el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, quien horas antes los había caracterizado como “aventureros que quieren desestabilizar al gobierno”, lo mismo que los piqueteros de Caranavi. Allí, el representante del Palacio Quemado llevó la misma propuesta a la que se habían comprometido en la madrugada del lunes. Los trabajadores podrían jubilarse a los 58 años, con 10 años de aportes, y el salario se aumentará un 5 por ciento. Entre los distintos sectores se pueden concertar subas de hasta un 8 por ciento para los que ganan menos y de un 3,5 por ciento para los que ganan más.
Los mineros, cuya edad de jubilación bajaría a 56 años, quedaron conformes. Afuera de la escuela, grupos de docentes y otros trabajadores gritaban “traidor” a Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, venido de las minas. Para que el ministro de la Presidencia y los dirigentes obreros pudieran salir del colegio, los mineros lanzaron a los descontentos cachorros de dinamita. Así huyeron en un segundo. Ayer, los maestros continuaban la marcha sin los sectores que habían pactado con el gobierno.
En la ciudad de La Paz, los fabriles analizaban nuevas medidas de presión para conseguir un aumento del 12 por ciento. Lo mismo hacían los trabajadores de la salud. Allí, las esposas de los policías de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) mantenían una huelga de hambre desde hacía ocho días –los maridos no porque los uniformados sólo obedecen órdenes–. Para los agentes de la policía y los militares, el aumento será sólo del 3 por ciento. Pero las mujeres decidieron levantar la medida ante la invitación del Comando de la Policía Nacional para que muchos maridos fueran reasignados más cerca de sus familias. En el Palacio Quemado consideran que el 5 por ciento es justo porque la inflación de 2009 fue del 0,29 por ciento. Además, desde 2006 Morales subió los sueldos en un 41 por ciento. Pero para varios sindicatos es inadmisible que el salario mínimo sea de 98 dólares.
En el conflicto de Caranavi fueron asesinados dos estudiantes de 19 y 18 años. Aún no se sabe quién disparó. Según el gobierno, los policías que fueron a terminar el corte de ruta, que llevaba 12 días, fueron sin armas de fuego. De hecho, nueve uniformados terminaron heridos por manifestantes que disparaban desde las laderas, según el Ministerio de Gobierno.
Desde 2006, el presidente prometía a los caranaveños que mandaría a construir allí una planta procesadora de cítricos. Sorpresivamente, en enero pasado Morales decidió que Alto Beni, al lado de Caranavi, sería un mejor destino. Durante las dos primeras semanas del conflicto, el gobierno no intervino porque consideraba que era un problema interno y debían ponerse de acuerdo entre las comunidades. Luego de los muertos, los caranaveños se sentaron a dialogar con Morales, quien arregló todo con dos millones de dólares, que es el costo de una segunda planta procesadora.
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