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Al mismo tiempo que el gobierno español desmentía una crisis presupuestaria y una posible negociación con el FMI, también anunciaba que en los próximos tres años suprimirá 10.600 puestos de trabajo en la administración pública. La encargada de defender esta nueva medida de ajuste fue la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Según explicó, la reducción de personal ahorrará al Estado español más de 314 millones de dólares en los próximos tres años. La medida se implementará, adelantó la funcionaria en una conferencia de prensa, amortizando o directamente suprimiendo las vacantes existentes. También, agregó, se evitarán futuros aumentos de sueldos.
Fernández de la Vega también aclaró que la reducción del personal estatal no afectará ni a las fuerzas armadas ni al resto de los cuerpos de seguridad pública. Tampoco se verán afectados los empleados del Poder Judicial, del servicio penitenciario y los controladores aéreos. Pero a pesar de las excepciones hechas, el decreto no va a hacer más que avivar el fuego que se vive en las calles de Madrid y el resto del país en las últimas semanas. La decisión anunciada ayer por la vicepresidenta es un paso más dentro del plan de ajuste diseñado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el abultado déficit público del país, que cerró 2009 en el 11,2 por ciento del PIB.
Zapatero ya se había ganado la animosidad de los empleados públicos al bajarles el cinco por ciento del salario a todos los trabajadores del Estado. Eso, sumado al congelamiento generalizado de los sueldos y la inminente reforma del sistema jubilatorio, desató una ola de protestas y huelgas a lo largo y ancho de España. La más significativa es la que desde principio de esta semana mantienen los trabajadores del subte madrileño. El clímax llegó el miércoles pasado después de dos días seguidos de paro total del principal servicio de transporte público de la capital.
Mientras tanto, los sindicatos más fuertes del país convocaron esta semana a 92 días de movilización y manifestaciones para calentar la cancha antes de la huelga general, programada para el 29 de septiembre. Los gremios apuestan todas sus fichas a esa fecha y a convocar una multitud lo suficientemente apabullante como para frenar la reforma de pensiones y evitar más medidas de ajustes.
En medio de ese clima de crispación social, el gobierno intentó enviar señales de tranquilidad. “Hemos puesto en marcha todas las reformas necesarias y nuestra economía tiene, como se pone de manifiesto con algunos datos, mucha solvencia para salir adelante”, aseguró Fernández de la Vega. Pero sus palabras apenas pudieron empañar el sinsabor que dejó en Madrid la advertencia de la agencia de medición de riesgo Moody’s. Según la empresa la deuda pública de España pronto se ganaría una nueva mala nota, sumándose a las malas evaluaciones que hicieron su competencia, S&P y Fitch, en los últimos meses.
La única buena noticia que tuvieron ayer los españoles es que el desempleo bajó en junio con respecto a mayo. No obstante sigue estando cerca del 20 por ciento, uno de los índices más altos de la zona euro.
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