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Tras la muerte de doce presos la semana pasada en el penal de Rocha, el Parlamento uruguayo aprobó anteayer una ley de emergencia carcelaria. Mientras miles de presos hacían huelga de hambre, el proyecto había recibido media sanción de Diputados el mes pasado.
En la madrugada del jueves último, doce reclusos murieron asfixiados en un incendio en la cárcel de Rocha, a 200 kilómetros al este de Montevideo. Los fallecidos y los ocho heridos graves estaban en un pabellón que alojaba a veinte presos. Había 151 internos en la cárcel con capacidad para albergar 60 personas.
Según denunciaron los presidiarios, los guardiacárceles tardaron en abrir las celdas. Dos veces dijeron que no tenían las llaves y partieron a buscarlas, pero cuando volvieron ya era tarde, dijeron los presos. Oficialmente, esto fue desmentido. “Los internos desean el procesamiento de los encargados de la guardia porque son policías que se apegan al reglamento de la cárcel y eso no gusta a la población carcelaria”, dijo una fuente policial al diario El País de Uruguay. La Justicia y el Parlamento uruguayo abrieron sendas investigaciones para verificar las distintas versiones.
El hacinamiento es un lugar común en los penales uruguayos. Las cárceles uruguayas tienen una población de 9000 presidiarios, cuando sólo pueden acoger a unos 5000. “Venimos hace tiempo remarcando las carencias, la situación de vulnerabilidad. No es algo nuevo. Es un hecho terrible, pero es algo que podía esperarse en esta situación tan frágil”, dijo a Página/12 la directora de Amnistía Internacional (AI) de Uruguay, Ivahanna Larrosa.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Alvaro Garcé, corroboró las denuncias. “El 80 por ciento de la población reclusa corre el riesgo de ser víctima de un incendio”, detalló.
Los organismos humanitarios vienen señalando que la mayoría de los reclusos en Uruguay no cuentan con sentencia firme. AI denuncia que el 60 por ciento de los encarcelados hace años que sólo está procesado.
Según estimó la prensa uruguaya, serían cerca de 2500 presos los que están en huelga de hambre desde el lunes para reclamar mejores condiciones de reclusión y la agilización de sus causas, y para protestar por las recientes muertes.
Mientras tanto, la oposición salió a acusar al ex presidente Tabaré Vázquez por el colapso del sistema penitenciario. El senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, dijo que en 2005 había 3000 presos menos que en la actualidad y destacó que fue poco lo que hizo el anterior mandatario frenteamplista para controlar el fenómeno.
La situación carcelaria de Uruguay provocó llamamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas durante el gobierno de Vázquez. “Los detenidos están como animales en contenedores sobrepoblados casi las 24 horas al día”, había declarado el relator de Naciones Unidas durante su visita en el 2009.
El ex presidente acusó recibo ayer: “Tenemos nuestra responsabilidad, pero recibimos una situación, no la creamos”. El antecesor de José Mujica consideró que el problema era muy complejo, de larga data y difícil solución. “No deben esperarse milagros”, se resignó. “Me duele en el alma la muerte de quienes fallecieron en la cárcel de Rocha, como nos duele a todos”, afirmó Vázquez.
Informe: Luciana Bertoia.
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