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Falta poco para que se termine el misterio. El Episcopado chileno entregará hoy su propuesta de indultos para el Bicentenario. El presidente Sebastián Piñera recién el domingo informará si incluye a los represores dentro de la lista de indultados. Mientras tanto, el mandatario se reunió con las hijas del general Carlos Prats. El posible perdón presidencial divide a la opinión pública trasandina.
En La Moneda, Piñera recibió ayer a la mañana a Sofía, Cecilia y Angélica, las hijas del militar asesinado en 1974 en Buenos Aires por agentes de la dictadura pinochetista. En el encuentro, abordaron la cuestión de un posible indulto para los represores que están condenados por delitos de lesa humanidad. “Le hicimos ver nuestra postura y sus fundamentos. Indudablemente el país no soportaría un indulto a esas personas”, manifestaron las mujeres.
Se prevé que la Conferencia Episcopal chilena entregue hoy la propuesta de indultos para el Bicentenario. El ministro chileno de Defensa, Jaime Ravinet, confirmó a la prensa haber enviado un informe al Ejecutivo sobre eventuales indultos a uniformados. El documento de Ravinet limitaría el beneficio a mayores de 70 años, a enfermos graves o terminales que hayan cumplido la mitad de la pena. El texto del titular de Defensa descartaría el perdón presidencial para militares sentenciados a cadena perpetua o que tengan doble condena. Además, la propuesta incluiría privilegios como salidas dominicales y reclusión nocturna, según informó el diario chileno El Mercurio.
Anteayer, el gobierno chileno difundió los tres criterios a los que se atendrá Piñera a la hora de decidir si indulta a los represores o no. Velará, dijeron, por los valores de la unidad nacional, la seguridad ciudadana y la misericordia. Aunque los voceros del presidente remarcaron, una y otra vez, que los indultos no estaban incluidos en el programa de gobierno del mandatario gobernante que asumió este año. Es más, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, directamente se quejó porque fue la Iglesia la que metió al gobierno en una encrucijada que le puede costar muy cara. De hecho, el diario La Tercera publicó que el 64 por ciento de los chilenos no estaría de acuerdo con un indulto. Hinzpeter se manifestó en contra de los indultos por considerarlos un “resabio monárquico”.
Por su parte, los aliados de Piñera presionan para lograr el beneficio para los represores. José Antonio Kast, diputado por la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), afirmó: “El indulto a los militares es necesario para la reconciliación”.
Los organismos de derechos humanos siguen denunciando la iniciativa eclesiástica. Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), repudió el informe de Ravinet. Además, denunció: “El gobierno tiene el compromiso de dejar impunes a estos asesinos”. Días atrás, Pizarro había dicho a Página/12 que un indulto sería ilegal, ya que los crímenes por los que están condenados no contemplan ningún beneficio. Unos 35 represores podrían ser beneficiados.
Durante la campaña presidencial, Piñera se reunió con unos 700 militares retirados. Según trascendió, el político se habría comprometido a hacer prescribir las causas contra quienes asesinaron y desaparecieron durante la dictadura de Augusto Pinochet. La responsable del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama, también habría estado en contacto con personas vinculadas con violaciones a los derechos humanos, como dijeron los organismos.
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